CSI-F detecta un incremento de situaciones conflictivas desde el comienzo de la crisis
La Administración General del Estado (AGE) va a poner en marcha un protocolo de actuación para hacer frente a los casos de agresiones que sufren los empleados públicos en el desempeño de su trabajo, dado que desde el comienzo de la crisis este tipo de situaciones conflictivas se han incrementado de manera exponencial, según los testimonios de los trabajadores y la información recabada por los delegados sindicales.
Los casos extremos son las agresiones o intentos de agresiones, pero también insultos, descalificaciones, amenazas o imprecaciones que, según CSI-F, deben contemplarse como situaciones de violencia en el trabajo y abordarse desde un punto de vista preventivo.
Campaña de desprestigio contra los empleados públicos
Desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio, una operación de acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente de las causas de la recesión, poniéndose en cuestión nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social.
Además, la congelación de la oferta de empleo público y la destrucción de puestos de trabajo han mermado las plantillas, contribuyendo a una importante sobre carga laboral que afecta de manera negativa a los servicios que reciben los ciudadanos, que se prestan ‘cara al público’ en situaciones muy adversas.
Este es el caso, por ejemplo, de los servicios de empleo, a los que los ciudadanos llegan en muchas ocasiones afectados por situaciones personales y familiares especialmente graves; las sedes judiciales; las jefaturas de Tráfico, las delegaciones de Hacienda y desde luego, ‘puntos calientes’ y especialmente sensibles como las prisiones.
Tras las presiones y la campaña informativa de CSI-F emprendida a lo largo de los últimos meses (“Zona sin violencia. Gracias por respetarnos”, lanzamiento de un Observatorio contra las Agresiones), la Administración se ha comprometido a lanzar un protocolo que haga frente a situaciones conflictivas en los diferentes sectores de la Administración y saque a la luz este problema.
Un registro sistematizado de agresiones
El protocolo que pondrá en marcha la Administración incluiría, según las recomendaciones de CSI-F, de entrada, un registro sistematizado de agresiones en todos y cada uno de los ámbitos administrativos, actualmente inexistente salvo en algunos sectores como el sanitario o el educativo, tradicionalmente más expuestos a este tipo de situaciones y con más experiencia en su tratamiento. El protocolo habrá de incluir igualmente planes de prevención, actuación y protección ante situaciones violentas.
CSI-F reclama la implicación de la Administración en la prevención implantando una Cultura de Tolerancia Cero ante las situaciones violentas, integrar la prevención en la gestión de la Administración, mejorar las condiciones de trabajo, el entorno y las medidas de prevención y agravar las penas a nivel de delito y agresión a la autoridad.
Las agresiones que sufren los empleados públicos en el desempeño de su trabajo son un reto a afrontar desde ya, porque cualquier violencia en el trabajo resulta inaceptable. En este sentido, la Administración tiene una asignatura pendiente, que también se extiende al acoso laboral o el seguimiento y la atención a empleadas públicas víctimas de violencia de género.
