Primera condena en firme a la Administración General del Estado por la retirada de la extra a funcionarios

CSI-F reclama su devolución urgente, tras una condena al Ministerio del Interior
La sentencia también sería extensible al conjunto de Policías, Guardias Civiles y Funcionarios de Prisiones

El Juzgado Central de  lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a devolver a un funcionario de prisiones, afiliado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la parte proporcional de la paga extra y del complemento específico, devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor el Decreto de recortes del Gobierno.

Se trata de la primera condena en firme a la Administración General del Estado por la retirada de la paga extra, y por lo tanto atañe directamente a la gestión del Gobierno Central. Hasta el momento los pronunciamientos judiciales solo se habían producido a nivel autonómico y local.

La sentencia no deja lugar a dudas y censura “la aplicación retroactiva del Real Decreto porque contravendría los principios de  seguridad jurídica y de confianza legítima”. Además, el juez no ve necesario llevar el asunto al Tribunal Constitucional, tal y como planteaba el abogado del Estado, algo que considera “superfluo tanto en términos lógicos como de economía procesal”.

Esta sentencia (fruto el trabajo del Gabinete Jurídico de CSI-F) supone el colofón de una cadena de pronunciamientos judiciales a lo largo y ancho del Estado y tiene una gran relevancia desde el punto de vista jurídico. De entrada, los criterios de la sentencia serían aplicables al conjunto de funcionarios de Interior, es decir, Policías, Guardias Civiles, Funcionarios de Prisiones y administrativos, entre otros. Y desde luego, al resto de los funcionarios de la Administración General del Estado.

CSI-F, sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, considera que el Gobierno ya no tiene ninguna excusa para devolver la paga extra, por lo que ha reclamado una convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas, para generalizar esta devolución al conjunto de los empleados públicos de España.

No tiene sentido que lo que reconocen los juzgados a título particular e incluso para el grueso de los trabajadores de una comunidad autónoma, no sea reconocido para el conjunto de los empleados públicos, puesto que todos parten de la misma situación. El Ministerio de Hacienda debe devolver cuanto antes esta retribución porque de lo contrario se estará produciendo una situación discriminatoria.
 
De hecho, el Gobierno de Canarias y las comunidades autónomas de Castilla y León, y Extremadura ya han anunciado oficialmente que devolverán la parte proporcional de la extra devengada.
 
El Gobierno nunca debió suprimir la paga extra y no debe perder más tiempo en sentarse a negociar con los sindicatos para determinar los cauces para su devolución, porque cada día que pasa crece el agravio hacia un colectivo injustamente maltratado desde el comienzo de la crisis.

CSI-F y el resto de sindicatos llaman a la movilización en el Registro Civil para detener 'in extremis' su privatización

Preparan una contestación social y medidas de presión en varios ámbitos contra una medida que mercantiliza el Registro y pone en peligro 3.500 empleos
 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, y el resto de las organizaciones con representación en este ámbito hicieron hoy un llamamiento al conjunto de los trabajadores del Registro Civil para impedir ‘in extremis’ que el Ministerio de Justicia lleve al Consejo de Ministros la privatización del Registro Civil.
 
Las organizaciones con representación en la Justicia acordaron esta misma mañana intensificar de manera progresiva las medidas de presión a lo largo de los próximos días, comenzando  por la convocatoria de una concentración los jueves de cada semana en las puertas de los registros civiles de toda España.

Si el Ministerio no se aviene a dialogar, desde CSI-F no escatimaremos ninguna medida de presión, con toda la contundencia y la fuerza que nos da nuestra representación entre los funcionarios de la Justicia. Las empleadas y empleados públicos  no están dispuestos a asistir como convidados de piedra a una nueva maniobra del ministro de Justicia que supone la mercantilización de  su puesto de trabajo.
 
Mientras se produce la respuesta del Ministerio, al  que se le ha solicitado una reunión urgente aún sin respuesta, CSI-F va a promover una contestación en todos los ámbitos de la sociedad civil.  Para ello, ha iniciado contactos con el conjunto de los operadores judiciales (asociaciones de jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, etcétera), así como con los grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario Socialista mañana mismo le preguntará al Ministro “si le queda algún recorte por efectuar en los derechos y libertades de los ciudadanos”.
 
También se va a promover la oposición de los alcaldes, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), teniendo en cuenta que esta privatización puede dejar a los ciudadanos de los municipios más pequeños sin el servicio de registro que se presta a través de los Juzgados de Paz.
 
Asimismo, a lo largo de los próximos días se va a iniciar una campaña informativa y de concienciación dirigida a los ciudadanos, así como una recogida de firmas contrarias al proyecto.
 
Carta a los Registradores
 
CSI-F también va a tratar de que los Registradores de la Propiedad reconsideren este proyecto. En una  carta dirigida al Decano del Colegio de Registradores, CSI-F le recuerda que la Asamblea General de Zaragoza que organizó esta institución condicionó la asunción de competencias a la financiación pública,  la existencia de  consenso parlamentario y  consenso social sobre el nuevo modelo.
 
Pues bien, le hemos hecho llegar al Sr. Aguilera que ese consenso no existe y, en gran parte, porque el Ministerio de Justiciano se ha dignado a contestar a las propuestas alternativas presentadas por CSIF y otros sindicatos y asociaciones.
 
Por este motivo y además porque los acuerdos de la Asamblea General de Registradores son vinculantes le hemos exhortado a que rechace la posibilidad de asumir las funciones de Registro civil.
 
Y todo ello porque la privatización del Registro civil supone:
 

• un despilfarro de medios materiales (182 millones de euros en digitalización que se van a regalar y varios millones del INFOREG que se perderán),
• un despilfarro de la experiencia y formación de los funcionarios de Justicia en materia de Registro civil,
• un despilfarro del potencial de estos funcionarios para asumir los retos de la necesaria modernización del Registro civil.

 
CSIF hace un llamamiento a la concienciación de todos los funcionarios de Justiciasobre la trascendencia que para sus condiciones de trabajo va a suponer la privatización del servicio y que afectará a los concursos de traslados, provocará despidos de interinos y movilidad forzosa de titulares, amortización de plazas, restricción de la promoción interna, devaluación de nuestras funciones y pérdida de características esenciales lo que abre la puerta a más cambios e imposiciones en nuestro estatuto jurídico.
 

 

Primera condena en firme a la Administración General del Estado por la retirada de la extra a funcionarios

. CSI-F reclama su devolución urgente, tras una condena al Ministerio del Interior
. La sentencia también sería extensible al conjunto de Policías, Guardias Civiles y Funcionarios de Prisiones

El Juzgado Central de  lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a devolver a un funcionario de prisiones, afiliado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la parte proporcional de la paga extra y del complemento específico, devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor el Decreto de recortes del Gobierno.

Se trata de la primera condena en firme a la Administración General del Estado por la retirada de la paga extra, y por lo tanto atañe directamente a la gestión del Gobierno Central. Hasta el momento los pronunciamientos judiciales solo se habían producido a nivel autonómico y local.

La sentencia no deja lugar a dudas y censura “la aplicación retroactiva del Real Decreto porque contravendría los principios de  seguridad jurídica y de confianza legítima”. Además, el juez no ve necesario llevar el asunto al Tribunal Constitucional, tal y como planteaba el abogado del Estado, algo que considera “superfluo tanto en términos lógicos como de economía procesal”.

Esta sentencia (fruto el trabajo del Gabinete Jurídico de CSI-F) supone el colofón de una cadena de pronunciamientos judiciales a lo largo y ancho del Estado y tiene una gran relevancia desde el punto de vista jurídico. De entrada, los criterios de la sentencia serían aplicables al conjunto de funcionarios de Interior, es decir, Policías, Guardias Civiles, Funcionarios de Prisiones y administrativos, entre otros. Y desde luego, al resto de los funcionarios de la Administración General del Estado.

CSI-F, sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, considera que el Gobierno ya no tiene ninguna excusa para devolver la paga extra, por lo que ha reclamado una convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas, para generalizar esta devolución al conjunto de los empleados públicos de España.

No tiene sentido que lo que reconocen los juzgados a título particular e incluso para el grueso de los trabajadores de una comunidad autónoma, no sea reconocido para el conjunto de los empleados públicos, puesto que todos parten de la misma situación. El Ministerio de Hacienda debe devolver cuanto antes esta retribución porque de lo contrario se estará produciendo una situación discriminatoria.
 
De hecho, el Gobierno de Canarias y las comunidades autónomas de Castilla y León, y Extremadura ya han anunciado oficialmente que devolverán la parte proporcional de la extra devengada.
 
El Gobierno nunca debió suprimir la paga extra y no debe perder más tiempo en sentarse a negociar con los sindicatos para determinar los cauces para su devolución, porque cada día que pasa crece el agravio hacia un colectivo injustamente maltratado desde el comienzo de la crisis.

 

NOTA INFORMATIVA - Mesa Delegada 2014

Reunida la Mesa Delegada del Ministerio de Fomento el pasado día 6 de enero, se acuerda lo siguiente:

APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se acuerda, por la parte social,  no firmar el Acta de la Mesa Delegada que tuvo lugar el pasado 23 de febrero de 2013, por falta de tiempo para revisarla debidamente.

GESTIÓN DE RRHH

Grupos de Trabajo

Grupo de Trabajo de Concursos.

CSI-F manifiesta que en tanto no se resuelva la situación que ha desvirtuado la figura del concurso impidiendo el normal desarrollo de este sistema de promoción, regulando los nombramientos de Comisiones de Servicio, normalizando los perfiles de puestos y estableciendo un sistema más rápido de cobertura de puestos vacantes con más convocatorias de concursos, no se habrá conseguido la finalidad de este grupo.

Grupo de Horarios y Calendario Laboral.

Si bien se alcanzaron acuerdos referidos a los horarios de carácter general, los horarios especiales y los trabajos fuera de jornada (sábados, domingos y festivos) no han sido abordados, lo que sin duda está ocasionando disparidad a la hora de compensar los excesos de jornada que se producen. Por tal motivo la parte social insta a la Administración a que convoque nuevamente estos grupos de trabajo.

Situación del personal en la Periferia

Por la parte social se denuncia la falta de equipos informáticos que permitan al personal de periferia tanto la petición de los permisos como la realización de los cursos On-line.

Se pone de manifiesto que existe un considerable número de Inspectores de Marina Mercante sin plaza fija, por lo que se reclama  solventar lo antes posible esta situación, a lo que el Subsecretario concluye que se está trabajando en la elaboración de una “foto fija” de la plantilla del ministerio, por lo que pide  que hasta que se cierre, no se especule sobre el tema.

Situación actual y previsiones de futuro de la D. G. de Ferrocarriles

Tras haber entrado en vigor el Decreto Ley por el que se crea la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, se está trabajando en los estatutos que regirán esta.

El sindicato CSI-F pidió que se diera a los empleados públicos de Ferrocarriles  el mismo tratamiento, en cuanto a la permanencia en el Ministerio, que se les dio a los empleados públicos de AESA en su día.

La Administración asegura que está estudiando las mejores opciones para los empleados y  que contará, sin lugar a dudas, con los representantes sindicales.

Formación

La Inspectora General manifiesta que La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) señala que los cursos de formación de carácter general serán prestados desde la AGE, quedando para los diferentes ministerios los cursos de temas específicos. Igualmente expone que se recurrirá en mayor medida al personal del Ministerio para impartir los cursos, aprovechando los Recursos Humanos existentes.

Con respecto a los cursos On-line, se pone de manifiesto, como se ha dicho anteriormente, que hay unidades que no están dotadas del equipamiento necesario para su realización. La Inspectora General responde que se van a habilitar algunos despachos a modo de aulas para que el personal afectado pueda acudir a realizar allí los cursos.

Promoción de los Cuerpos Especiales y Organismos Autónomos.

CSI-F insiste en una vieja petición que se refiere a la promoción al Grupo A1 de los funcionarios del Grupo A2 y los laborales del Grupo 1, dando salida a una justa y merecida reivindicación de este colectivo que, en claro agravio con empleados de otros organismos, no han podido acceder a pruebas selectivas que posibiliten esta aspiración, siendo condenados a permanecer en el grupo A2 durante toda su vida laboral. Por tanto se solicita la creación de un nuevo Grupo de Trabajo que, de forma exclusiva, estudie las posibilidades de esta promoción. 

Productividades y Gratificaciones

La parte social vuelve a instar a la Administración a publicar estas remuneraciones de los empleados de este ministerio, ya que este tipo de información no va en contra de la Ley de Protección de Datos.

Los representantes sindicales formulan su descontento con la no percepción del complemento de productividad por parte del Personal Laboral. En este sentido la Inspectora expresa la objeción de la D. G. de Costes de Personal por parte del Ministerio de Hacienda, pero que, por su parte, continuará haciendo gestiones para que este colectivo de trabajadores pueda cobrar este complemento.

Encomiendas de Gestión.

CSI-F hizo una declaración , respecto de AESA, manifestando que no es de recibo que una Agencia cuya principal labor es tramitar expedientes de inspección  con consecuencias directas para los administrados, tenga en un futuro próximo más de  la mitad de su personal sin la condición de funcionario.

La respuesta del Subsecretario  fue que en el ministerio ha  reducido sustancialmente  las Asistencias Técnicas, que el sistema no es el más adecuado pero que era el que se había dotado para AESA.

Prevención de Riesgos y Salud Laboral

CSI-F pone de manifiesto las agresiones, físicas y verbales, de las que están siendo objeto los Empleados Públicos. En nuestros servicios de Atención al Público creemos que no se están dando muchos casos, pero no existen datos  ciertos de los mismos, por lo que solicitamos el establecimiento de un protocolo que recoja estas incidencias y un sistema de actuación para estos casos, poniéndose en conocimiento de todo el personal susceptible de ser agredido para que, si se da el caso, sepan cómo actuar y conozcan los mecanismos de protección con los que contarán.

Comisión de Igualdad

CSI-F solicita que se ponga en marcha la citada comisión. La Inspectora General pide a la parte social las propuestas para la composición del grupo y les citará para una reunión a finales de mes.

Los empleados públicos quieren protagonizar la Modernización de las Administraciones Públicas

CSI-F aprecia el reconocimiento del Gobierno a los sacrificios realizados y pide una hoja de ruta para compensar los recortes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) reclamó hoy al Gobierno un marco de diálogo y colaboración para convertir a las administraciones públicas en un motor de crecimiento, con acciones concretas que permitan modernizar las estructuras y dignificar el papel y las funciones de los trabajadores que trabajan en este ámbito.

El discurso del Gobierno recoge el espíritu del Pacto de Estado que CSI-F entregó a las principales fuerzas políticas el año pasado y sería deseable establecer un marco estable de diálogo que sitúe a los empleados públicos en el centro de la reforma.
 
Para CSI-F las palabras del presidente del Gobierno en la clausura de las Jornadas reconocen de manera implícita que los empleados públicos han cargado sobre sus espaldas los excesos que han cometido los  gestores políticos, sufriendo en sus carnes los recortes que todo el mundo conoce, al igual que el resto de los ciudadanos. Ahora debemos establecer una hoja de ruta que permita compensar los sacrificios realizados.
 
Ha llegado la hora de pasar página a los recortes, detener la sangría en el empleo público y establecer un nuevo marco jurídico que permita impulsar una administración estable y eficaz, frente a los errores y los excesos cometidos en la gestión pública.
 
Por eso, CSI-F  emplaza al Gobierno a negociar una Ley de Función Pública que permita favorecer la promoción interna y la carrera profesional, favorecer la movilidad administrativa con garantías y seguridad jurídica para los trabajadores y evaluar el desempeño.
 
CSI-F también reclama un catálogo de servicios públicos en el que se determine lo esencial de lo accesorio en el gasto; y elaborar de manera urgente un plan recursos humanos para determinar las necesidades de las plantillas y reforzarlas allí donde sea necesario, con criterios de calidad y eficiencia. Csif-aena

Revista del Sector Nacional de Administración Central

Descárgate aquí la Revista del Sector Nacional de Administración Central (Número 1 - Enero 2014)