El Gobierno recortará 5 millones en prestaciones a funcionarios, a partir de julio

Los recortes afectan a prótesis dentales, gafas, lentillas y audífonos

El director general de MUFACE comunicó hoy al Consejo General de esta entidad que el Gobierno llevará a cabo un nuevo recorte sobre las prestaciones sociales que reciben los funcionarios, estimado en cinco millones de euros. Esta medida entrará en vigor a partir del mes de julio. Además, avanzó que previsiblemente se congelará la aportación presupuestaria en la atención sanitaria para el próximo ejercicio.
 
Estos recortes no se corresponden con la supuesta recuperación económica que plantea el Gobierno y vuelve a situar a los empleados públicos como uno de los colectivos más perjudicados, en esta  ocasión, con la reforma fiscal y la previsible reducción de ingresos del Estado.

Los recortes afectan fundamentalmente a prestaciones dentarias, tratamientos por ortodoncia (sólo se cubren los procesos iniciados antes de los 18 años y un único tratamiento), prótesis oculares y auditivas.
 
Así, por primera vez, se implanta un nuevo sistema que subvenciona el 20 por ciento del coste medio de mercado del producto protésico, gafas, cristales, lentillas y audífonos. Muface justifica esta decisión por razones presupuestarias de ajuste del gasto y por la evolución de los precios en el mercado.
 
En lo que se  refiere a la atención sanitaria, se congelará la aportación del Estado por segundo año consecutivo, lo que afectará nuevamente a las cuentas de la entidad, que ya se han visto reducidas en más de mil millones de euros en los últimos cinco años. Esta situación se ve agravada por el progresivo envejecimiento de la población atendida y el hecho de que no entren en el sistema nuevos mutualistas.
 
A lo largo del mes de julio, CSI-F va a llevar a cabo movilizaciones en todo el Estado para reclamar la convocatoria de la mesa de negociación para que los empleados públicos recuperen los derechos perdidos durante la crisis económica. Si el Gobierno no atiende nuestras reivindicaciones el clima de conflictividad se agravará en septiembre.

CSI-F prepara demandas en tribunales de toda España para recuperar los días libres por antigüedad que eliminó el Gobierno

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas inició hoy una campaña para recuperar los días libres de los que disponían los empleados públicos por os años de antigüedad en el servicio al Estado.
 
Para ello presentará un conflicto colectivo, en el caso del personal laboral, y reclamaciones individuales en todos los ámbitos y sectores de la Administración. Si el Gobierno no rectifica, se generalizarán demandas en tribunales de toda España, como ocurrió con la paga extra.

El Gobierno redujo a tres los días por asuntos particulares establecidos para los empleados públicos, eliminando los días adicionales por antigüedad, en el decreto de Recortes de 2012.
 
CSI-F considera que la aplicación de este Real Decreto se ha realizado de manera retroactiva, una práctica contraria a Derecho y prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución Española.
 
Una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao señala que la eliminación de los días por antigüedad no puede aplicarse con carácter retroactivo, por lo que no puede afectar a aquellos trabajadores que habiendo cumplido los 15 años de servicio o más hubieran causado derecho a disfrutar de los días adicionales de vacaciones.
 
Con este mismo argumento,  jueces de todo el Estado se han pronunciado para reconocer el derecho a la paga extra devengada y el Tribunal Constitucional tiene varias cuestiones encima de la mesa.
 
Además, CSI-F recuerda que estos días adicionales fueron reconocidos a los empleados públicos como una medida compensatoria por las sucesivas congelaciones salariales que sufrieron con gobiernos de diferente color político, desde los años ochenta, sin contar con la rebaja de sueldo de 2011 y las congelaciones de los últimos años.El propio Gobierno ha rectificado en parte sus recortes devolviendo dos de los 'moscosos' que eliminó en 2012.

Negociación Ya: CSI-F, CCOO y UGT anuncian medidas de presión para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convoque la Mesa General de Negociación

​Los sindicatos mayoritarios de Función Pública, CSI-F, CCOO y UGT remitieron el pasado 10 de junio una carta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la que le solicitaban la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, rota desde 2010.

 
La Administración lleva cuatro años desoyendo nuestra reivindicación de la Negociación Colectiva y el Diálogo Social como saludable instrumento democrático. Y mientras tanto mantiene imposiciones por Real Decreto Ley y modifica de manera unilateral el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público).

Reiteramos la necesidad de que la Administración convoque formal e inmediatamente la Mesa General de las Administraciones Públicas, para tratar asuntos que conciernen no sólo a los dos millones y medio de empleados públicos sino al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que merecen la mejor de las prestaciones en todos los ámbitos de los servicios públicos.
 
Ante esta actitud del Gobierno, CSI-F, UGT y CCOO, bajo el lema Negociación Ya, van a poner en marcha una serie de acciones y medidas de presión. Los trabajadores se concentrarán el viernes 11 de julio en las puertas de los centros de trabajo, en horario variable de desayuno o cambio de turno. El 15 de julio habrá concentraciones en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de cada Comunidad Autónoma. En Madrid tendrá lugar además una concentración a las 12,00 horas frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la calle Alcalá, 5, donde se dará lectura al manifiesto explicativo de nuestras reivindicaciones.
 
Estas movilizaciones son el inicio de una campaña de movilizaciones que se intensificará a partir de septiembre en caso de que el Gobierno siga negándose a reconocer de manera efectiva el derecho a la negociación colectiva de las empleadas y empleados públicos, y no cesará hasta que el Gobierno cumpla con su obligación de negociar en el ámbito público, con los empleados y empleadas, sus condiciones y las condiciones de prestación de los servicios, que debe sustentar nuestro sistema institucional, social y estado de bienestar.
 

#NegociaciónYa.​