25 feb 2015

La Audiencia Nacional también cuestiona la reforma laboral en las empresas públicas

Una sentencia da la razón a CSIF y mantiene la  vigencia del convenio en Tragsa

La Audiencia Nacional ha declarado que el convenio colectivo de la Empresa de Transformación Agfraria TRAGSA S.A se mantiene en vigor  frente a las pretensiones de esta empresa pública de anular su vigencia, dejando así desprotegidos a alrededor de 6.300 trabajadores distribuidos en toda España.
 
CSIF se felicita de esta sentencia, que podemos considerar de referencia para las empresas del sector público, en lo que se refiere a la aplicación de la reforma laboral. La labor de CSIF se ve, una vez más, ratificada y, sobre todo, evitando la desprotección de los trabajadores sobre los que todavía pende la amenaza de un ERE.

Esta sentencia da la razón al conflicto colectivo presentado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y otros sindicatos representados en la empresa, manteniendo la ultraactividad del convenio, frente a la aplicación de la Reforma Laboral en lo relativo a la pérdida de vigencia de un convenio, transcurrido un año desde su denuncia sin que hubiera habido pacto entre empresa y trabajadores.
 
La sentencia destaca además el hecho de que TRAGSA tomó la decisión de mantener el convenio unilateralmente de manera temporal hasta el 31 de diciembre de 2014. Por tanto, la Audiencia Nacional señala que esta posición es contradictoria con la pretensión actual de anular la vigencia.
 
De hecho, la dirección de la empresa basaba su decisión de no reconocer la vigencia del convenio de TRAGSA, por su interpretación de la citada reforma. La Audiencia Nacional ha fallado a favor de los trabajadores estableciendo, además, la ilegalidad de las comunicaciones emitidas  por la empresa

http://www.csi-f.es/sites/default/files/180860/sentencia_a_n_ultraactividad_convenio_tragsa_pdf_83155.pdf
 

 

 

La Defensora del Pueblo actuará de urgencia para que funcionarios mantengan sus tratamientos contra el cáncer ante los recortes sanitarios en las mutuas

Las organizaciones sindicales tramitarán un modelo de queja individual para facilitar la gestión a los ciudadanos afectados
La campaña www.change.org/salvemosmufaceisfas cuenta ya con  más de 115.000 firmas para que el Gobierno mantenga la asistencia a este colectivo
- El Defensor del Pueblo respalda a los funcionarios mutualistas (Pincha para leer la noticia de EL PAÍS)
CSIF acude al Defensor del Pueblo por el recorte de Muface (DIARIO MÉDICO)
 
La Defensora del Pueblo iniciará un procedimiento de urgencia para garantizar la continuidad asistencial de funcionarios, militares y policías con cáncer y otras enfermedades graves, que han visto interrumpidos y demorados sus tratamientos como consecuencia de los recortes económicos que han sufrido las mutuas Muface e Isfas.
 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), y la Asociación de afectados por los recortes han mantenido un encuentro con la Defensora del Pueblo adjunta, Concepció Ferré i Casals, en la que le expusieron la  situación que atraviesa este colectivo.

Estos recortes han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de su enfermedad en diferentes centros, como consecuencia de la reducción de la oferta hospitalaria y de los cuadros médicos. Consciente de la gravedad, la Defensora del Pueblo adjunta ha ofrecido actuar de urgencia, tramitando los casos individuales que le haremos llegar las organizaciones, a través  de un modelo de queja.
 
Situación de Indefensión
 
Aunque, teóricamente, el Gobierno asegura su continuidad asistencial (eso sí, como máximo un año) lo cierto es que la burocracia y el silencio administrativo está generando una situación de indefensión sobre un colectivo especialmente vulnerable y que resumimos en los siguientes puntos.
 
1.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y el Ministerio de Defensa han realizado una dejadezde funciones dado que no han informado a los pacientes de los cambios en su asistencia sanitaria. Los pacientes han constatado esta situación a posteriori, en el propio centro hospitalario, en el momento en el que les denegaron su asistencia (quimioterapia, radioterapia, consulta, urgencias, etc.).
 
2.- A partir de ese momento, los pacientes se han visto obligados a iniciar un ‘peregrinaje’ burocrático en diferentes centros, sin que la Administración les haya facilitado directamente un trámite de urgencia para facilitar la alternativa asistencial.
3.- Esta circunstancia ha provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas y denegaciones de acceso a urgencias en su centro habitual. De hecho, en estos momentos (a fecha de 24 de febrero), dos meses después de la entrada en vigor del nuevo concierto, muchos pacientes aún no han obtenido respuesta.
 
4.- Asimismo, en los casos puntuales en los que el paciente ha conseguido mantener su médico habitual (oncólogo, cardiólogo), tiene que desplazarse a otros centros para seguir recibiendo el tratamiento, pruebas diagnósticas e incluso las urgencias. De esta manera se ha disgregado el tratamiento integral que requieren los pacientes con patologías tan graves, tal y como ocurre en el Régimen General de la Seguridad Social.
 
5.- Se da la circunstancia además de que los funcionarios civiles, militares, guardias civiles y policías, aunque lo quisieran, ya no tienen oportunidad de optar por el cambio de tratamiento al Régimen General de la Seguridad Social, dado que cuando tuvieron constancia de su situación el plazo ya había expirado (31 de enero de 2015). 
 
Estos problemas se agravarán si el Ejecutivo no diseña un plan de viabilidad.
 
CSIF también ha iniciado una campaña de sensibilización a través de las redes sociales, así como una recogida de firmas, a través de la plataforma Change.org (www.change.org/salvemosmufaceisfas) que cuenta con más de 115.000 muestras de apoyo procedentes de toda España, para que el Gobierno mantenga la asistencia a este colectivo.

http://www.csi-f.es/sites/default/files/180760/escrito_defensora_del_pueblo_24_02_15_v2_pdf_97701.pdf

El Defensor del Pueblo atiende a CSIF y urge al Gobierno a ampliar el permiso de paternidad a cuatro semanas

La  Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo de las administraciones públicas denunció el pasado mes de enero ante el Defensor del Pueblo el quinto aplazamiento de la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas. Ante este hecho el Defensor del Pueblo ha respondido a CSIF mediante una carta en el que urge al Gobierno a ampliar el permiso tal y como se comprometió.

En dicha carta se le solicita al Gobierno que en cuanto la situación económica lo permita, se aplique dicho  permiso a todos los empleados públicos que lo soliciten. De esta manera el Defensor del Pueblo urge al Gobierno a que no demore más esta ampliación de cuatro semanas en el permiso de paternidad.

Esta quinta demora en la aplicación del permiso de paternidad supone un duro revés para todas aquellas familias que lo solicitaron y en lo que para CSIF supone una clara apuesta de conciliación de la vida familiar y profesional y por la corresponsabilidad en el seno familiar.
 
El Gobierno, que  ha ido retrasando año tras año esta ampliación, ahora ha decido  que no estará en vigor hasta el 1 de enero de 2016 cuando lo tenía previsto para el 1 de enero de 2015.
 
Por tanto, confía en que el Ministerio atienda la recomendación del Defensor del Pueblo para que los empleados públicos no se vean discriminados en cuestiones además tan sensibles, como son las medidas de conciliación y de igualdad entre hombres y mujeres.
 
Desde CSIF consideramos que ya se ha retraso en varias ocasiones la entrada en vigor de este permiso y que dado que el Gobierno ya empieza a hablar de una mejorable situación económica que se aplique dicho permiso de cuatro semanas evitando así nuevos aplazamientos en la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad
 

http://www.csi-f.es/sites/default/files/180833/carta_al_defensor_del_pueblo_pdf_79395.pdf

9 feb 2015

Recogida de Firmas para denunciar indefensión de los pacientes de MUFACE e ISFA

Estimados compañeros/as:

 

Os adjuntamos nota de prensa sobre la campaña de recogida de firmas que iniciamos hoy, a través de la plataforma Change.org, para denunciar la situación de indefensión en la que se encuentra un colectivo de pacientes de MUFACE e ISFAS enfermos de cáncer y otras enfermedades graves, que han visto interrumpido su tratamiento por los recortes del Gobierno en las mutualidades.

 

Rogamos le deis al asunto la máxima difusión, reenviando por todos los medios posibles(webs, medios de comunicación, redes sociales, etc.), el enlace para la firma, sobre todo en los sectores más afectados.

 

www.change.org/salvemosmufaceisfas  (Enlace a la plataforma Change.Org para la recogida de firmas).

 

Un saludo

 

Miguel Borra Izquierdo

Presidente Nacional

 

“Funcionarios, policías y militares con cáncer luchamos por mantener nuestra asistencia sanitaria. Apóyanos”

-       La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) lanza una campaña de recogida de firmas en Change.org para que Muface e Isfas garanticen la continuidad asistencial de pacientes graves. www.change.org/salvemosmufaceisfas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha lanzado una campaña de recogida de firmas a través de Change.org, plataforma de peticiones de referencia internacional, para que Muface e Isfas (las mutualidades de funcionarios civiles y militares, que dan cobertura a cerca de 2 millones de personas) garanticen la continuidad asistencial de pacientes con cáncer y otras enfermedades graves.

Un colectivo de enfermos de cáncer -profesores, carteros, funcionarios, policías, militares y guardias civiles, entre otros-, han visto interrumpido su tratamiento como consecuencia de los recortes económicos del Gobierno en el presupuesto de las mutuas.

 

CSI-F dio la voz de alarma tras recibir numerosas llamadas de pacientes y familiares con cáncer con gran incertidumbre por esta situación. El Gobierno asegura que tienen derecho a la continuidad asistencial, pero hemos comprobado que no es así. Ni se concede de manera automática y ni siquiera está garantizada.

 

Los pacientes tienen que solicitarlo de motu propio y cuando solicitan la continuidad asistencial, o bien  le dan la callada por respuesta, o bien directamente se la deniegan, lo que les obliga a iniciar un peregrinaje burocrático, con la angustia de saber que el tiempo de su enfermedad corre en su contra. Hay pacientes que llevan un mes esperando una respuesta.

 

Los pacientes, por tanto, ven interrumpidas las pruebas, sus tratamientos, desconocen sus diagnósticos y se sienten abandonados a su suerte. Por eso, desde CSI-F pedimos tu firma para que el Gobierno tome consciencia de esta injusticia, revierta esta situación y garantice el derecho a una asistencia sanitaria integral de sus funcionarios civiles, policías y militares, con cáncer y otras enfermedades graves.

 

Campaña para garantizar la viabilidad de las mutuas

Esta acción da continuidad a la campaña iniciada por CSI-F para garantizar el futuro a corto y medio plazo la viabilidad de la mutua de funcionarios Muface seriamente afectada por los recortes en la financiación del Gobierno a lo largo de los últimos años, que ha provocado la salida de compañías aseguradoras del concierto, así como una notable reducción de los cuadros médicos y centros hospitalarios.

 

La pasada semana, decenas de afectados se concentraron frente al Ministerio de Hacienda. Está protesta tendrá continuación con nuevas medidas de presión que se llevarán a cabo en caso de que el Gobierno no revise esta financiación.

 

Por todo ello CSIF  exige al Ministerio que negocie un plan de viabilidad de MUFACE a varios años,  donde se contemple la mejora de la financiación para recuperar las condiciones perdidas en la asistencia sanitaria que ha ocasionado estos recortes. Asimismo, le reclamamos que adopte todas las medidas necesarias para recuperar toda la oferta sanitaria que se ha perdido a partir del  1 de enero de 2015 en comparación con la que existía el 31 de diciembre de 2014.

7 feb 2015

CSIF organiza asambleas en centros de trabajo sobre los recortes sanitarios a los funcionarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha iniciado una campaña informativa, con asambleas de trabajo en diferentes ámbitos de las administraciones públicas, para trasladar de primera mano a los trabajadores los recortes sanitarios que están sufriendo los funcionarios de Muface.
 
La primera ha tenido lugar en el Ministerio de Cultura, con una asistencia masiva y una buena acogida por parte de los trabajadores, teniendo en cuenta la falta de información por parte del Gobierno.

El pasado lunes tuvo lugar una concentración, bajo el lema"No a los recortes en Muface",  frente al Ministerio de Hacienda, contra la reducción en la oferta de prestaciones sanitarias que está padeciendo un colectivo que asciende a 1,5 millones de personas. Los recortes en la financiación han provocado una reducción de la oferta de hospitales y de especialidades médicas en muchas provincias, al menos en Madrid y Barcelona. El Gobierno no aporta información, por lo que el sindicato está realizando un exhaustivo informe que presentará en los próximos días en la situación en toda España.
 
Esta situación está provocando que pacientes con enfermedades graves tengan que cambiar de centro hospitalario en el plazo de 6 meses (un año en el caso de pacientes oncológicos) y que a día de hoy, no les han informado sobre la continuidad de sus pruebas diagnósticas.
 
Ante esta falta de información, CSIF solicitó a Hacienda que prorrogara en un mes el periodo que tienen los empleados públicos para que pudieran decidir pasarse al Régimen General de la Seguridad Social, pero el Ministerio lo ha denegado. Por tanto, muchas personas se verán obligadas a optar por una  compañía sin saber exactamente la oferta sanitaria que recibirán.
 
Está protesta tendrá continuación con nuevas medidas de presión que se llevarán a cabo en caso de que el Gobierno no revise esta financiación. CSIF también ha iniciado una campaña de sensibilización a través de las redes sociales Facebook y Twitter, con el hashtag ‘
#SalvemosMuface. Con la salud de los funcionarios no se juega’.

 

5 feb 2015

Funcionarios civiles y policías se concentran frente al Ministerio de Hacienda para exigir a Montoro que cese los recortes en sus prestaciones sanitarias

Funcionarios con enfermedades graves tendrán que cambiar de centro en un plazo de 6 meses por los recortes
-Hacienda no facilita la información sobre los cuadros médicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, organizó hoy una concentración, bajo el lema"No a los recortes en Muface",  frente al Ministerio de Hacienda, contra la reducción en la oferta de prestaciones sanitarias que está padeciendo el colectivo de funcionarios de Muface (1,5 millones de personas), como consecuencia de la contención en el gasto de esta mutualidad por parte del Gobierno.
 
Los recortes en la financiación han provocado una reducción de la oferta de hospitales y de especialidades médicas en muchas provincias, al menos en Madrid y Barcelona. El Gobierno no aporta información, por lo que el sindicato está realizando un exhaustivo informe que presentará en los próximos días en la situación en toda España.

Esta situación está provocando que pacientes con enfermedades graves tengan que cambiar de centro hospitalario en el plazo de un 6 meses (un año en el caso de pacientes oncológicos) y que a día de hoy, no les han informado sobre la continuidad de sus pruebas diagnósticas.
 
Ante esta falta de información, CSIF solicitó a Hacienda que prorrogara en un mes el periodo que tienen los empleados públicos para que pudieran decidir pasarse al Régimen General de la Seguridad Social, pero el Ministerio lo ha denegado. Por tanto, muchas personas se verán obligadas a optar por una  compañía sin saber exactamente la oferta sanitaria que recibirán.
 
La concentración también contó con el apoyo de la Confederación Española de Policía (CEP), colectivo que también se ve perjudicado por los recortes. CSIF también ha iniciado conversaciones con organizaciones militares –cuya mutualidad ISFAS también se ve  afectada por los recortes-- para dar continuidad a las protestas.
 
 
Está protesta tendrá continuación con nuevas medidas de presión que se llevarán a cabo en caso de que el Gobierno no revise esta financiación. CSIF también ha iniciado una campaña de sensibilización a través de las redes sociales Facebook y Twitter, con el hashtag ‘#SalvemosMuface. Con la salud de los funcionarios no se juega’.
 
La semana pasada, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso rechazó la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para explicar la situación de esta mutualidad, pese a reconocer que “se han producido problemas puntuales en la prestación sanitaria de algún enfermo”.
 
Por todo ello CSIF  exige al Ministerio que negocie un plan de viabilidad de MUFACE a varios años,  donde se contemple la mejora de la financiación para recuperar los derechos que han ocasionado estos recortes. Asimismo, le reclamamos que adopte todas las medidas posibles para recuperar toda la oferta sanitaria que se ha perdido a partir del  1 de enero de 2015 en comparación con la que existía el 31 de diciembre de 2014.
 
CSIF seguirá luchando hasta que el Gobierno se reconcilie con el colectivo de empleados públicos y les compense por todos los  recortes sufridos desde el comienzo de la crisis (recuperación de la paga  extra y del poder adquisitivo perdido y refuerzo de las plantillas con una oferta de empleo público adecuada). 

http://www.csi-f.es/sites/default/files/179243/escrito_mtro_muface_2_feb_2015_pdf_21388.pdf

 

 

El Gobierno devuelve hoy el 25 por ciento de la extra de 2012, pero discrimina a unos 500.000 empleados públicos de autonomías y ayuntamientos

 Andalucía, Aragón, Cataluña, Navarra y numerosos ayuntamientos no han recibido esta devolución.
 
- CSIF, sindicato que ganó la primera sentencia contra el Gobierno, exige la devolución íntegra
 
Los empleados públicos dependientes de la
 Administración General del Estado y de algunas comunidades autónomas recibieron hoy en sus nóminas el 25 por ciento de la paga extra de Navidad que el Gobierno eliminó por decreto en las navidades de 2012, tal y como había anunciado el ministro de Hacienda el pasado año.
 
No obstante, esta medida, además de ser claramente insuficiente y tardía, está mal planteada porque solo asegura la devolución en los ámbitos que dependen del Gobierno Central. Calculamos que al menos 500.000 empleados públicos de numerosos ayuntamientos, así como de las comunidades de
 Andalucía, Aragón, Navarra y Cataluña no han cobrado. En esta última comunidad hay un anuncio político pero todavía no tiene concreción legal.

Este 25 por ciento que hoy se devuelve corresponde a la paga extra que ya se había devengado en las nóminas cuando entró en vigor el decreto de recortes de 2012 y que el Gobierno aplicó de manera retroactiva. Así lo reconocieron diferentes sentencias judiciales que ganó CSIF y por tanto, el Ejecutivo lo único que hace es aplicar lo que le están marcando los jueces.
 
CSIF consiguió en los tribunales lo que nos negó el Gobierno, y obtuvimos la primera sentencia que devolvió la extra a un funcionario (diputación de Palencia, el 29 de mayo de 2013); posteriormente ganamos otra sentencia que reconoció la irregularidad en un funcionario dependiente directamente del la Administración General del Estado (Ministerio del Interior), entre otras muchas, que forzaron al Gobierno a reconocer esta devolución, todavía insuficiente.
 
En este sentido, CSIF exige al Gobierno la devolución íntegra y a todos los empleados públicos del conjunto del Estado que se vieron afectados por este recorte. De hecho,el Tribunal Constitucional tiene encima de la mesa cerca de una docena de cuestiones de inconstitucionalidad procedentes de diferentes instancias judiciales.
 
Por tanto, consideramos que el Gobierno no debe demorar más esta devolución,  teniendo en cuenta además que, según sus análisis, España está  saliendo de la crisis. Los empleados públicos fueron el primer colectivo en sufrir los recortes, por tanto ahora  es justo que se nos compense y nos haga partícipe del nuevo ciclo de crecimiento económico y creación de empleo.