Militares y empleados públicos 'celebran' el 12 de Octubre con el sueldo congelado y menos poder adquisitivo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, felicita al colectivo de militares españoles y a los empleados públicos dependientes del Ministerio de Defensa con ocasión de la celebración del 12 de Octubre, Fiesta Nacional de España.

CSI-F quiere aprovechar esta festividad, que tradicionalmente incluye un desfile militar, para recordar que los militares españoles, en su condición de empleados públicos también están sufriendo en sus carnes los rigores de los recortes del Gobierno, es decir, congelación de sueldos, límites a la reposición de efectivos y desde luego disminución de su poder adquisitivo.

Los militares, junto al resto de los empleados públicos, también vieron como se les bajaba el salario, como se les suprimía su paga extra, como les han eliminado días de libre disposición y como su imagen pública ha sido también dañada en la campaña de desprestigio emprendida desde el inicio de la crisis.

Sin embargo, por su condición especial no se les está permitida la sindicación y por eso CSI-F, desde su responsabilidad como agente activo de la sociedad civil, se solidariza con su situación.

La celebración del 12 de Octubre es una buena ocasión para reivindicar el papel fundamental que juegan para el funcionamiento del Estado militares y también policías, jueces, bomberos, sanitarios, profesores… La Fiesta Nacional de España también debe ser la fiesta de los servidores públicos que hacen posible el mantenimiento de nuestros servicios y por extensión de nuestro Estado Social y de Derecho.

Lamentablemente, no corren buenos tiempos para los servidores públicos, por eso es obligación de CSI-F recordar la necesidad de compensar a este colectivo por el sacrificio realizado durante la crisis económica, porque fueron los primeros en sufrir los recortes y no pueden ser los últimos en salir de la crisis.

PÚBLICO.ES Miguel Borra: "De seguir así llegaremos al colapso de la Administración"

A la congelación de los salarios de los funcionarios hay que sumar la de la oferta pública de empleo y el empeoramiento de las condiciones laborales. Desde el CSI-F, sindicato mayoritario en la función pública, alertan del riesgo que ello supone para la calidad de los servicios públicos.

Una de las medidas más controvertidas que puede tomar un Gobierno a la hora de elaborar unos Presupuestos Generales del Estado es la de congelar el sueldo de los funcionarios. Decisión polémica y relevante pero que en en España hace tiempo que dejó de ser una novedad: las cuentas públicas de 2014 condenan por cuarto año consecutivo a los empleados públicos a mantener el mismo sueldo del año anterior, —en realidad a mantener el mismo que tenían en 2011—. Y eso sin contar que en 2010 esos mismos sueldos ya sufrieron una rebaja media del 5% —aunque en muchos casos llegó al 10%— y la quita de una paga extra en 2012.

"Encadenamos cinco años consecutivos entre congelaciones y recortes varios. Entre 2010 y 2014 vamos a acumular una pérdida del 30% de poder adquisitivo", señala Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), el sindicato mayoritario entre los empleados de la Administración General del Estado, la llamada administración central.

El objetivo del Gobierno sigue siendo cuadrar las cuentas públicas como sea aún a costa de unos empleados públicos que cada vez se ven más ahogados, recuerda Borra: "Todo tiene un límite y en el caso de los empleados públicos ese límite lo pasamos hace ya algunos Presupuestos. Estamos hablando de sueldos que en muchos casos escasamente superan los 1.000 euros".
 

El pago de los sueldos a los funcionarios de la Administración una de las partidas más importantes de los Presupuestos: según las cuentas de 2014 el Estado central destinará 21.301 millones de euros a pagar a los 560.000 funcionarios y contratados laborales 112 millones menos de lo presupuestado para 2013. Esta cifra no se incluye el gasto de personal de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que en ess caso supera los 100.000 millones. En 2012, en concreto, fue de 116.887 millones de euros.

 

Evitar la actualización salarial por el IPC le supone al Estado un ahorro considerable:  según consta el informe de la Comisión para la reforma de las administraciones públicas (CORA), el ahorro total desde 2012 hasta 2014, ambos inclusive, será de 12.966 millones de euros, de los que 8.542 millones corresponderan a las autonomías. Esta cantidad se reparte entre los años 2012, 2013 y 2014 y es fruto de las medidas que adoptó el Gobierno en materia de empleo público durante el pasado ejercicio, entre otras, la de establecer en cero la tasa de reposición para la administración pública; la reducción de los días por asuntos propios o el incremento de la jornada laboral a 37 horas y 30 minutos semanales, entre otras.

Borra valora negativamente la congelación salarial, pero pone el mismo enfásis en resaltar que desde el tercer trimestre de 2011 —prácticamente desde que gobierna el PP— se han perdido unos 300.000 empleos públicos. El dato coincide con el que ofreció el lunes el propio Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. "Nuestra preocupación no es sólo por los sueldos. Los 300.000 empleos perdidos que se han perdido eran básicamente personal interino de educación y sanidad, dos servicios básicos".

Y es que no sólo se congela el sueldo, también la oferta pública de empleo: a ese recorte de 300.000 empleos hay que sumar otro que según Borra se produce de "forma silenciosa" y que se lleva por delante una media de 70.000 puestos de trabajo al año en el sector público. Borra se refiere a un hecho que se ha generalizado en la administración pública desde 2010: no se sustituye a los funcionarios que se jubilan o que fallecen. Aquel año el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estableció una tasa de reposición cero salvo para los servicios básicos (Educación, Sanidad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lucha contra el fraude), que tienen una tasa de reposición de "hasta el 10%", o sea un funcionario nuevo por cada diez que salen. El Gobierno del PP no ha modificado esa norma.
 

Los datos oficiales del propio Gobierno reflejan esa realidad: a 30 de agosto de 2013 había 560.111 personas trabajando para la administración central, de los que 497.630 eran funcionarios  y 62.481 personal laboral contratado. Según esos mismos datos, en  los primeros ocho meses de 2013 el personal del Sector Público Estatal se redujo en un 2,95% respecto a 2012. El número de funcionarios había descendido casi en la misma proporción: un 2,72% pero las bajas entre el personal laboral era mucho mayor, un  4,75%, lo que demuestra que en la administración pública también se despide y se ajusta la plantilla. 

La casi nula reposición de los funcionarios públicos preocupa especialmente al presidente del CSI-F. Dos son la razones de su zozobra: en primer lugar el envejecimiento progresivo del cuerpo de funcionarios; y en segundo lugar, la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos. 

Respecto a la primera razón, Borra dibuja un panorama inquietante: "Nos encontramos que en la Administración General del Estado más de la mitad de los trabajadores públicos tienen más de 50 años y el 10% más de 60 años. Si el Gobierno continúa a medio plazo con esta política de limitar la reposición estaríamos en el inicio del colapso de la Administración". 

Calidad de los servicios públicos

Los recortes de funcionarios tienen un segundo corolario: la calidad de los servicios públicos. "Al no haber una oferta de empleo adecuada se van reduciendo cada vez más los servicios que prestamos a los ciudadanos. La Sanidad, Educación, Justicia y Seguridad son necesarios con crisis o sin ella. Pero se está produciendo un ajuste muy grave en esos sectores y eso incide en los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. Desde CSI-F siempre hemos defendido que tiene que haber los empleados públicos necesarios, ni uno más pero ni uno menos. Y por eso reclamamos al Gobierno que se siente a negociar un auténtico plan de recursos humanos de las Administraciones Públicas".

Negociar. Esa es la palabra a la que se aferra Borra. Pero reconoce que el Gobierno muestra muy poca voluntad. La agenda del CSI-F está repleta de reivindicaciones y no sólo salariales: "Vamos a trabajar para recuperar derechos que nos han sido arrebatados. Por ejemplo, el tema de los moscosos, esos días de libre disposición que nos han quitado. Queremos que nos vayan devolviendo esos días porque no tienen una repercusión en la reducción real del déficit. Sabemos que la crisis es dura, pero lo que los funcionarios demandamos es que no seamos los últimos en ver la salida de este largo túnel", resume Borra.

 

Datos afiliación Seguridad Social: El Gobierno debe ampliar la oferta de empleo público en los presupuestos o la Administración colapsará

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) reclamó hoy al Gobierno que amplíe la oferta pública de empleo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, ante la destrucción de puestos de trabajo que se está produciendo en el sector público, tal y como muestran los datos publicados hoy por la Seguridad Social.

Este año, el Gobierno tiene previsto congelar una vez más las plantillas, salvo una tasa de reposición de hasta el 10 por ciento en determinados sectores que es insuficiente para mantener el nivel de calidad de los servicios públicos que exigen los ciudadanos.

Según los datos de la Seguridad Social publicados hoy, Administración Pública y Sanidad ocupan ya el tercer puesto en destrucción de puestos de trabajo en el mes de septiembre, con un saldo de -10.170 (cinco veces más que el mes anterior) y -19.411, respectivamente. Administración y Sanidad han destruido ya en lo que va de año un total de 175.255 puestos de trabajo y lideran ya el escalafón de sectores con mayor número de bajas respecto al mismo periodo del año anterior, por encima de la construcción, la industria y el comercio.

Especialmente grave es la situación de las Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, que este mes volvió a perder 19.411 empleos y 164.280 acumulados respecto al año pasado.

Estos datos son un indicador de la sangría de empleo que se está produciendo, teniendo en cuenta que existe una proporción del 80-20 entre sector público y privado.

En Educación, este mes el saldo ha sido positivo, con 47.157 altas, si bien la inmensa mayoría es personal interino que se vuelve a incorporar tras las vacaciones de verano, y por tanto su puesto de trabajo no está consolidado. Por eso, CSI-F emplaza al Gobierno a impulsar un plan de recursos humanos y a ampliar la oferta pública de empleo en los próximos presupuestos, antes de que sea demasiado tarde.

La Administración se encuentra al borde del colapso y en los próximos años, el sistema se hará insostenible. Según la EPA, un total de 581.100 personas tienen más de 55 años.

 

Además, según las propias cuentas del Gobierno, se espera que a lo largo de este año el número de efectivos se reducirá en 13.335 en la Administración General del Estado, fundamentalmente por jubilaciones y amortización de plazas.

 

Cinco Días Miguel Borra: "El voto de los empleados públicos puede acabar con un Gobierno"

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) Miguel Borra, responde en una entrevista al diario CINCO DÍAS a la nueva congelación salarial a los empleados públicos.
 

Los empleados públicos encaran un nuevo año con sus sueldos rebajados y congelados. Y ya es el quinto. Miguel Borra (Zaragoza, 1968) preside desde hace casi dos años la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F) mayoritaria entre este colectivo y cree que el Gobierno no está calibrando lo suficiente el peso electoral que tienen los 2,5 millones de empleados públicos y sus familias. Como economista, llama la atención sobre la inyección que supondría a la economía real la devolución de la parte de la paga de Navidad retirada en 2012 a estos trabajadores, tal y como han sentenciado los tribunales.

Pregunta. ¿Se esperaban una nueva congelación salarial para 2014?

Respuesta. En parte sí. Y después de las palabras del presidente, Mariano Rajoy, la pasada semana en el Senado, garantizándonos solo el cobro de las pagas extras –que por otra parte son un derecho que generamos día a día– la luz de la que hablaba al final del túnel para los empleados públicos se nos ha puesto un poco más lejos. Fuimos los primeros en sufrir los recortes y vamos a luchar por no ser los últimos en ver esa luz al final del túnel.

P. ¿Y cómo va a ser esa lucha?

R. El jueves pasado ya convocamos una huelga general para la enseñanza para el 24 de octubre. Porque el sector educativo además de todos los recortes salariales está sufriendo en más intensidad la disminución del personal interino. También nos manifestamos en el acto de inicio del año judicial, porque la Justicia es otro de los sectores que más está sufriendo el recorte de personal; y no lo digo yo, lo dicen los jueces que se quejan a diario de que no pueden trabajar y se les atasca la maquinaria porque no tienen secretarios judiciales ni tramitadores. Y lo mismo ocurre con las cárceles.

Vamos a seguir con esta presión, intensificándola en todos los sectores. Porque el Gobierno se tienen que dar cuenta de que se tiene que sentar a negociar cómo mejorar los servicios públicos. Estemos o no estemos en crisis los servicios públicos no pueden pagarlo porque los ciudadanos los necesitan. Seguro que retomaremos las protestas en los centros de trabajo, y en la calle en momentos concretos y puntuales pues también.

P. Sin embargo, el Ejecutivo parece que no se da por aludido con todas estas protestas...

R. No se terminan de dar cuenta de que este acoso y derribo a los empleados públicos ya les costó a algunos Gobiernos las elecciones. Somos 2,5 millones de personas y nuestro voto puede acabar con un Gobierno; puede hacer decantar la balanza electoral en un sentido o en otro. Está claro que cada empleado público votará lo que estime oportuno, pero me remito a la historia reciente de nuestro país, cuando un Ejecutivo tomó medidas que fueron muy lesivas contra los empleados públicos, indudablemente luego lo pagó en las urnas.

Hemos sufrido como el que más durante la crisis y si ahora se empieza a vislumbrar cierta recuperación, el Gobierno habría tenido que tener como mínimo algún gesto con nosotros.

P. ¿A qué gestos se refiere?

R. El primer gesto que debería haber tenido es habilitar un crédito presupuestario en 2014 para pagar la parte devengada de la paga extra que nos quitó en diciembre 2012. Numerosos tribunales han reconocido que esta medida no puede tener carácter retroactivo. Así, hay 44 días que se deben al personal estatutario y 14 días al personal laboral, porque ya los habíamos devengado cuando entró en vigor la retirada de la extra, el 15 de julio. Es salario diferido que nos tienen que pagar.

Eso hubiera sido un gesto de buena voluntad, que aparte de ser justo, hubiera servido también para reactivar la economía. Porque aquí parece que solo se reactiva dando dinero a los bancos; cosa que, por cierto, tampoco he visto que hayan hecho. Y puedo garantizar que con ese dinero (unos 1.500 millones), los empleados públicos habríamos hecho lo que el común de los mortales: regar la economía porque nos lo habríamos gastado. No obstante, intentaremos conseguir que se nos pague este dinero en el trámite parlamentario de los Presupuestos.

P. Parece que Rajoy ha ampliado a algún sector más la tasa de reposición de hasta el 10%...

R. Han añadido algún sector como seguridad aérea y organismos reguladores. Pero es totalmente insuficiente. En España se han perdido más de 300.000 empleos públicos en la crisis;muchos de ellos el último año, y se está empezando a notar mucho la falta de personal en los colegios y hospitales, sobre todo.

P. Pero usted siempre ha sido partidario de racionalizar las plantillas, sobre todo en el caso de las empresas públicas.

R. Sí. Nosotros defendemos que haya el número de empleados públicos necesario para prestar el servicio. Ni uno más ni uno menos. Por eso hemos pedido muchas veces a la Administración que hay que trabajar en planes de recursos humanos para racionalizar las plantillas en todos los sentidos. Si hay que hablar de movilidad de personal, que se haga.

“La huelga está ahí pero es el último recurso”

Los empleados públicos son un colectivo que tradicionalmente no han sido muy proclives a ir a la huelga. Pero los últimos recortes están cambiando estas costumbres. Para empezar hay convocada una huelga general en la enseñanza el 24 de octubre en la que el CSI-F –que no se sumó a la última huelga del 29 de marzo del año pasado– está entre los convocantes. Sin embargo, Miguel Borra sigue siendo algo escéptico. “La huelga es un recurso que está ahí pero para nosotros es el último”. Nos decantamos más por sentarnos a trabajar en una mesa y sacar temas adelante. Y estamos convencidos que eso es lo mejor para todos.” Pero el presidente del CSI-F destaca la dificultad llevar a cabo esta estrategia ahora “por la falta de voluntad negociadora por parte de este Gobierno”.

No obstante, el líder sindical insiste en que hay una serie de temas que aunque la situación sea complicada se podrían discutir. “Por ejemplo, estamos cansados de que nos saquen a relucir la evaluación del desempeño o la productividad. Pues vamos a sentarlos a definirla, pero en cada sector y definiendo los criterios de productividad de cada puesto. Porque no es lo mismo que hacer operaciones de apendicitis que hacer tornillos”, precisa Borra.

Movilidad y moscosos

También se podría hablar del Estatuto del personal docente no universitario que es una reivindicación histórica de los profesores;y, sin embargo, “el Gobierno ha roto esta negociación sine die”. Asimismo, “se podría discutir sobre movilidad –añade–, porque a este paso va a ser más fácil venir desde Bruselas a Madrid que desde Badajoz”. Y, finalmente, “sobre la devolución de alguno de los tres días de libre disposición (moscosos) que nos han quitado, porque ahora estamos por debajo de la media de los convenios del sector privado en esta materia”.

 

El CERMI y CSI-F promoverán la inclusión de las personas con discapacidad en el sector público

El convenio ha sido suscrito hoy por el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno; y por el presidente nacional de CSI-F, Miguel Borra Izquierdo.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) han firmado un acuerdo de colaboración por el que promoverán la inclusión de las personas con discapacidad, así como aquellas en situación de discriminación en igualdad de trato y de oportunidades en aquellas esferas relacionadas con los servicios públicos y empleados públicos.

A través de este acuerdo -suscrito hoy por el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; y por el presidente de CSI-F, Miguel Borra Izquierdo-, que tiene una vigencia de cuatro años, ambas instituciones se comprometen aunar esfuerzos e impulsar iniciativas, programas, proyectos y acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida, sociales y culturales de las personas con discapacidad y de acceso a bienes, productos y servicios, así como combatir todas las manifestaciones de discriminación, con el objetivo de disfrutar de todas los derechos que reconocer la Constitución a todos los españoles, en este caso en el sector público.

En virtud de este convenio, CSI-F tendrá en cuenta las políticas de la discapacidad como un referente a la hora de planificar, definir y aplicar sus distintas líneas de acción transversal en las diferentes mesas de negociación de las que forma parte y en sus ámbitos de competencia como central sindical más representativa entre los empleados públicos.

Tanto para el CERMI como para la CSI-F, la igualdad de trato y oportunidades es un asunto de referencia que asumirán como línea de acción en sus respectivas agendas institucionales. Así, ambas organizaciones intercambiarán las necesidades, demandas y propuestas de los empleados públicos con discapacidad y sus familias para defenderlas de cara a las diferentes administraciones.

En concreto, los ámbitos a los que hace referencia este punto es el acceso al empleo público, la formación, progresión y promoción de profesionales; las condiciones laborales o salarialesde empleados públicos con discapacidad; lucha contra la discriminación de los empleados públicos por razón de discapacidad y promoción de la accesibilidad en los espacios, entornos, procesos y relaciones propias de las Administraciones Públicas; o la protección social de los empleados públicos con discapacidad y de sus familias.

También apunta al asesoramiento jurídico y acompañamiento de empleados públicos con discapacidad en casos de discriminación, vulneración de derechos o ausencia de igualdad de oportunidades; así como a la formación de empleados públicos en materias de atención, trato, inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad e igualdad de trato y de oportunidades en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Otras áreas que señala es la producción de materiales conjuntos de carácter informativo y formativo sobre concienciación, sensibilización e imagen social de las personas con discapacidad por parte de empleados públicos; garantizar un entorno laboral libre de violencia, acoso sexual y por razón de sexo; y concienciar sobre la necesidad de los servicios públicos y empleados públicos e impulsar políticas de concienciación para denunciar, prevenir, asistir y perseguir los actos de violencia de género.

El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas con discapacidad que en la sociedad civil engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena de una realidad presente en el 10% de la población, los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Nuestro objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía y la igualdad de oportunidades de este grupo social.
 
CSI-F es un sindicato profesional e independiente, más representativo en las administraciones públicas, que trabaja por la gestión más eficiente, democrática y transparente de los servicios públicos. Entre sus principios fundamentales estála promoción del efectivo desarrollo de la igualdad de oportunidades, reprobando de manera expresa toda discriminación que por razón de sexo, nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social pudiera producirse.