"Estoy por ti": CSI-F felicita las fiestas con una campaña estatal, que reivindica la función social del empleado público durante la crisis

“Somos empleados públicos. Somos profesionales. Somos necesarios. Hacemos más fácil tu vida”

- La devolución de un Moscoso debe ser el punto de inflexión para la progresiva recuperación de los derechos perdidos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha lanzado una campaña, coincidiendo con la celebración de la Navidad, en la que felicita las fiestas reivindicando la función social del empleado público.

Bajo el lema “EstoyXti” (Estoy por ti), CSI-F quiere poner en valor el papel de los trabajadoras y trabajadores de las diferentes administraciones públicas que, especialmente desde el comienzo de la crisis, se han visto afectados, por un lado, por los diferentes recortes sobre sus condiciones laborales y, por otro, por una injusta campaña de descrédito por parte de algunos sectores interesados.

El Congreso de los Diputados hoy mismo ha aprobado la devolución a los empleados públicos de uno de los moscosos que el Gobierno les retiró en 2012. Pues bien, este gesto, positivo pero insuficiente, debe ser un punto de inflexión para la progresiva recuperación de los derechos perdidos. CSI-F centrará todos sus esfuerzos en lograr este objetivo a lo largo del próximo año.

ESTOY X TI
 

“Somos empleados públicos. Somos profesionales. Somos necesarios. Hacemos más fácil tu vida” son algunos de los mensajes que pretende trasladar esta campaña, que se divulgará a través de un vídeo en web (www.estoyxti.es y www.csi-f.es), redes sociales y medios de comunicación, además de folletos y cartelería en los centros de trabajo a los que acuden los ciudadanos.

Carteros, sanitarios, bomberos, barrenderos, personal administrativo, policías, funcionarios de justicia, profesores… conforman la cara humana y profesional que permiten el funcionamiento de nuestros servicios públicos y por extensión de nuestro Estado del Bienestar, que ha sido y es uno de los pilares básicos de nuestra democracia.

 

Pese a las dificultades, los recortes y los mensajes negativos dirigidos desde diferentes ámbitos, CSI-F siempre defenderá ante las diferentes administraciones los intereses y el prestigio y recuperar las condiciones de trabajo de nuestros empleados públicos que, en estos años de crisis, han dado la taya con profesionalidad para salvaguardar los servicios que reciben nuestros ciudadanos.

 

Adm. Pública, Educación y Sanidad acumulan un tercio de las vacantes de empleo de España

CSI-F reclama un plan de recursos humanos y oposiciones inmediatas

Administración Pública y Defensa, Seguridad Social Obligatoria; Educación; y Actividades Sanitarias y de servicios sociales son las secciones de actividad con mayor número de vacantes de puestos de trabajo, con 12.113, 3.405 y 8.627, respectivamente, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
 
La suma de las secciones hace un total de 24.145 vacantes en toda España, de las 72.790 registradas por el INE, es decir una tercera parte del total, tal y como arrojan los datos que por primera vez ha  elaborado este organismo, siguiendo las directrices de la Unión Europea.

Estos datos ponen en evidencia las políticas de adelgazamiento sobre las plantillas de la administración que lleva a cabo el Gobierno desde finales de 2011. En este sentido, CSI-F exige la puesta en marcha de un Plan de Recursos Humanos para determinar con más precisión las necesidades de personal en las administraciones públicas, y la convocatoria urgente de oposiciones.
 
El propio INE entiende como vacante u oferta de empleo el puesto de trabajo que, o bien ha sido creado recientemente, o no está ocupado, o está a punto de quedar libre y para el cual el empresario está tomando medidas activas con objeto de encontrar un candidato idóneo ajeno a la empresa. Las vacantes de empleo, en parte, reflejan la demanda insatisfecha de mano de obra, así como los posibles desajustes entre la capacidad y la disponibilidad de los desempleados y los puestos de trabajo ofrecidos por los empleadores.
 
España no se puede permitir el lujo de prescindir de un sector como las administraciones públicas para potenciar el crecimiento, la creación de empleo y en definitiva la  recuperación económica del país. Además, esta situación afecta de manera extremadamente negativa a los servicios que reciben los ciudadanos.
 
Según los últimos datos de la EPA, la ocupación en las administraciones públicas continúa su sangría con la pérdida de 12.600 puestos de trabajo en el tercer trimestre del año. Esto supone una pérdida total de 390.000 puestos de trabajo desde finales del tercer trimestre de 2011, cuando llegó el Partido Popular al Gobierno.

 

 

CSI-F recuerda a Hacienda que los tribunales ya están dando la razón a los empleados públicos

 

· CSI-F reclama al Grupo Popular una hoja de ruta para recuperar las condiciones laborales
· CSI-F defiende una Agencia Tributaria y unas AA.PP. despolitizadas

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Miguel Borra, mantuvo hoy una reunión con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, para abordar diferentes reivindicaciones del colectivo de empleados públicos.

CSI-F, como sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera que el Grupo Popular, como partido que sustenta al Gobierno, debe marcar una hoja de ruta en el ámbito parlamentario para recuperar las condiciones laborales y compensar los esfuerzos realizados, según se vaya avanzando en la recuperación económica.

El primer paso debería ser la devolución de la paga extra de 2012, tal y como se han comprometido los gobiernos de Castilla León y Extremadura. Esta devolución, al menos de la parte devengada (tal y como están reconociendo diferentes tribunales en toda España) debería producirse desde ya, a través de un crédito extraordinario en los Presupuestos Generales del Estado para 2014.

En este sentido, CSI-F manifiesta su respaldo a los empleados públicos y gobiernos de estas comunidades autónomas frente a la advertencia realizada hoy por el Ministerio de Hacienda. Esta advertencia está desautorizada por tribunales de toda España, que ya están concediendo la paga extra devengada.
Los tribunales, por tanto, van por delante de la acción política.

Y Hacienda debe elegir si situarse dando la espalda a los empleados públicos y gobiernos autonómicos o, por el contrario, reconocer un derecho que nunca se les debía de haber arrebatado. Para que quede constancia, CSI-F ha entregado al PP un dossier que recoge algunas de estas sentencias.

CSI-F también pide la devolución de todos los días de libre disposición; la recuperación del poder adquisitivo; la eliminación de los descuentos en la nómina por baja médica; o el reforzamiento de las plantillas con un plan de recursos humanos. 

 

CSI-F registra balance positivo de sus cuentas, que se sustentan en las cuotas de sus afiliados

El sindicato publica los resultados de una auditoría externa

http://www.csi-f.es/sites/default/files/154161/cuentas_pdf_15508.pdf

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, publicó hoy los resultados de una auditoría externa y por tanto independiente, de las cuentas de la organización. Esta decisión coincide en el tiempo con la aprobación por las Cortes de la Ley de Transparencia.

Los datos se han difundido a los medios de comunicación y estarán disponibles permanentemente en la web del sindicato (www.csi-f.es). La auditoría de la organización, cerrada a diciembre de 2012, indica que sus cuentas se sustentan fundamentalmente por unos ingresos de 15.695.425,43 euros procedentes de las cuotas de sus afiliados. Esta es la principal fuente de financiación de CSI-F.

Asimismo, CSI-F percibe ingresos correspondientes a servicios prestados (primas de seguro, alquileres, asesorías, formación sin cargo a subvenciones) a afiliados, empleados públicos y trabajadores en general, 1.486.513,29 euros; subvenciones públicas con carácter finalista (formación), 3.863.731,98 euros; y subvenciones en concepto de actividad sindical, 971.376,32 euros.

CSI-F publica los datos de las subvenciones que recibe de fondos públicos, adelantándose en un año a la aplicación de la Ley de Transparencia y además los gastos e ingresos propios de su actividad sindical. Las cifras indican que CSI-F es una organización transparente, en regla y sin riesgos de financiación. La auditoría se ajusta al marco legal del RD 1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

Y su publicación responde al compromiso del sindicato con la transparencia y su firme convicción en que las instituciones que reciben fondos públicos deben dar cuentas a los ciudadanos de hasta el último euro que reciben de las arcas públicas.

La situación económica y social, la crisis que afecta a las instituciones económicas, financieras y en líneas generales a las instituciones democráticas, hacen preciso un ejercicio de responsabilidad de los poderes públicos y agentes de la sociedad civil para generar credibilidad hacia los ciudadanos, reforzar y regenerar las instituciones y en definitiva, fortalecer la democracia.

En este sentido, CSI-F considera, en el ámbito que le compete, que los poderes públicos deberían avanzar en la redacción y el desarrollo de una Ley de Financiación de los Sindicatos que elimine cualquier sombra de duda en la gestión de unas organizaciones básicas para el funcionamiento de la democracia.

 

Las administraciones públicas intentan compensar las necesidades de personal con contratos temporales

Administraciones Públicas y Educación son los sectores de actividad con mayor contratación en noviembre

Administración Pública y Educación son los sectores de actividad que han registrado un mayor volumen de afiliaciones a la Seguridad Social durante el pasado mes de noviembre, con 11.183 altas y 23.667 altas, respectivamente, según los datos de afiliación publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera que las altas en la Seguridad Social registradas este último mes demuestran que también se puede crear empleo en el sector público si hay voluntad política, eso sí, empleo público de calidad y estable.

La evolución en las contrataciones en el sector público, que de alguna manera ‘salva’ las cifras del paro publicadas hoy por el Gobierno, es un dato positivo con matices, puesto que las administraciones públicas tratan de compensar las necesidades de personal con contratos temporales de baja calidad.

Esto es así porque no se han producido nuevas ofertas de empleo público. En el caso de las administraciones públicas, las nuevas altas corresponden fundamentalmente a personal laboral temporal, mientras que en el ámbito de la educación las altas responden: a la cobertura de bajas por enfermedad propias de los meses de invierno y a la contratación de personal por horas.

De cualquier manera, las nuevas contrataciones no compensan ni de lejos la destrucción de empleo que el año pasado se saldó con 63.821 bajas en las administraciones, 30.185 bajas en el sector educativo y 173.605 bajas en el ámbito sanitario. Este último sector no ha detenido la sangría de empleos ya que acumula 65.542 bajas en lo que va de año.

 

CSI-F apuesta por la transparencia y publicara una auditoría independiente de sus cuentas

El Congreso aprueba definitivamente la Ley de Transparencia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, publicará el próximo mes de diciembre una auditoría externa, sobre las cuentas de la organización. Esta decisión coincide en el tiempo con la aprobación hoy por las Cortes de la Ley de Transparencia y responde a la última modificación legal, en concreto, el Real Decreto 1491/2011, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

La Ley de Transparencia que aprueba hoy el Parlamento, seguramente que es mejorable y hubiera sido preferible un consenso mayor entre las diferentes fuerzas políticas (se aprueba con los votos de PP, CiU y PNV). Pero para CSI-F, lo más importante de la Ley es que se avanza hacia una nueva cultura de transparencia y que se envía un mensaje claro a los ciudadanos españoles en el sentido de que son parte activa de la sociedad, especialmente en una cuestión tan sensible como el derecho a saber sobre el uso de los fondos públicos.

 

CSI-F emplaza al Gobierno a negociar la recuperación de las condiciones de los empleados públicos

La devolución de un 'Moscoso' es un anuncio muy escaso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) emplazó hoy al Gobierno a abrir la mesa de negociación para abordar la aprobación de medidas para recuperar las condiciones laborales y el esfuerzo realizado por el conjunto de los empleados públicos desde el comienzo de la crisis económica.

El presidente de CSI-F, Miguel Borra, valora que existe un cambio de actitud por parte del Ejecutivo en la línea del reconocimiento de los sacrificios realizados por los trabajadores de las administraciones públicas, como indica la devolución prevista de un día de libre disposición. Borra, considera que este anuncio "va en la senda positiva "pero es "muy escaso".

Además, recordó la anulación de tres días de libre disposición a los funcionarios de justicia la semana pasada, horas después de haberse aprobado una instrucción ministerial en la que se hacía efectiva esta devolución de „moscosos‟. "Los empleados públicos se merecen mucho más respeto que todo eso", apostilló Borra.

"El reconocimiento a la labor de los empleados públicos debe ser proporcional al esfuerzo realizado durante estos años de crisis", destacó Miguel Borra en declaraciones a los medios de comunicación, tras el anuncio realizado por el ministro de Hacienda. De entrada, CSI-F entiende que el Gobierno debe abonar la paga extra de Navidad de 2012, en línea con los múltiples pronunciamientos judiciales que se están produciendo en todo el Estado.

Esta devolución debería producirse desde ya, a través de un crédito extraordinario en los Presupuestos Generales del Estado para 2014, que se están tramitando en las Cortes.

Otros asuntos que deberían abordarse serían la compensación económica, por la pérdida del 30 por ciento de poder adquisitivo, o el reforzamiento de las plantillas, que han visto reducido su número en cerca de 400.000 efectivos desde 2011, con el consiguiente deterioro en la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

 

25 de Noviembre Día contra la Violencia de Género

La Administración General del Estado incumple el Plan de Igualdad

• La mayoría de los centros carecen de protocolos por acoso sexual y violencia de género     
• Poco vamos a conseguir si la propia administración no actúa de manera ejemplar y ejemplarizante aplicándose así misma las recetas que propugna para otros ámbitos.

Otro año más conmemoramos el Día contra la violencia de Género con tristeza porque aún no hemos dado con la vacuna efectiva para erradicar, de una vez por todas, esta tremenda vergüenza social. Pero más triste aún es que tampoco estamos poniendo los medios necesarios para combatir esta lacra.

La aprobación de la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, que contará con un presupuesto de 1.539 millones de euros durante su periodo de vigencia, de 2013 a 2016, cuyo principal objetivo "es la protección de las mujeres pero también la de los hijos menores que sufren esa violencia de género", es un paso importante. Pero no nos podemos quedar en el terreno de los anuncios políticos. Desde CSI-F vamos a poner especial énfasis en favorecer su desarrollo con medidas concretas.

Esta tremenda lacra que sufre nuestra sociedad es responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, pero muy especialmente de los poderes públicos y de sus actuaciones. Algo debemos replantearnos cuando de las 44 mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de año, solo 8 habían presentado denuncia previa contra su agresor. Una situación que no podemos ni debemos normalizar y a la que hay que ponerle freno.

Desde CSI-F, sindicato más representativo en las administraciones públicas, queremos subrayar la responsabilidad que tenemos desde las instituciones para combatir este problema desde el ámbito público.

Las mujeres maltratadas tienen derecho a unos servicios públicos de calidad tanto en el mundo urbano como en el mundo rural, en CSI·F defendemos la prestación de unos servicios públicos de calidad, adecuados a las características específicas para luchar contra la máxima desigualdad, en particular en los ámbitos de justicia, de la educación, la sanidad, la seguridad ciudadana, servicios sociales, de forma que las personas responsables de los servicios públicos dispongan de las herramientas necesarias y que sean lo más accesibles posibles a todas las mujeres que sufren violencia de género.

La implicación y coordinación de las tres Administraciones, junto a la tarea diaria de los/as empleados/as públicos/as que conocen de primera mano el sufrimiento que genera esta mortal desigualdad,  son una base solida para encontrar la salida de este oscuro túnel.

Lamentablemente, comprobamos que estamos muy lejos de lograr esta implicación, precisamente porque la propia Administración General del Estado incumple su propio Plan de Igualdad. De hecho, la inmensa mayoría de los objetivos marcados en este I Plan de Igualdad no se han llevado a efecto y adolece de serias carencias en aspectos como la prevención de los casos de violencia de género.

La mayoría de los centros carecen de protocolos por acoso sexual y violencia de género, así como protocolos de movilidad para las víctimas. Además hay una gran desinformación y ausencia de indicadores para detectar y hacer un correcto seguimiento de este problema.

En CSI-F lo tenemos muy claro.

Poco vamos a conseguir si la propia administración no actúa de manera ejemplar y ejemplarizante aplicándose así misma las recetas que propugna para otros ámbitos.

Por eso, desde CSI-F vamos  a intensificar nuestra acción sindical para garantizar que la promoción de la  Igualdad sea una prioridad en las políticas de recursos humanos de todas las administraciones.

Porque la mejor vacuna para erradicar el virus de la violencia de género es la IGUALDAD. 

 

CSI-F pide a los grupos parlamentarios que promuevan la devolución de la extra y los 'moscosos'

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, inició hoy una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios para que promuevan, a través de diferentes iniciativas, la devolución por parte del Gobierno de la paga extra de navidad eliminada en 2012 y los días de libre disposición.
 
En lo que se refiere a la paga extra, CSI-F y los grupos parlamentarios abordaron los múltiples pronunciamientos judiciales que se están produciendo en el conjunto del Estado condenando a las administraciones a devolver, al menos, la paga extra que había sido devengada cuando entró en vigor el decreto de recortes. La más reciente se produjo la semana pasada en un juzgado de  lo Contencioso Administrativo de Sevilla y obligó a la Administración, por primera vez, a devolver la paga extra íntegra a un funcionario de justicia representado por CSI-F.

Los  grupos parlamentarios comparten la demanda de CSI-F y coinciden en la necesidad de que el Gobierno asuma su responsabilidad y devuelva a los trabajadores de las administraciones estas cuantías, sin esperar a que se resuelvan todas y cada una de los procedimientos judiciales, con sus correspondientes costas procesales, todos ellas a cuenta de la Administración.
 
CSI-F y los grupos parlamentarios también abordaron la devolución de los días de libre  disposición al conjunto de los empleados públicos, especialmente tras lo ocurrido la semana pasada. El pasado viernes, el Ministerio de Justicia anuló de manera sorpresiva y con nocturnidaduna instrucción por la que se devolvían tres días de libre disposición, en compensación por el incremento de las  cargas de trabajo y el déficit de personal.
 
Esta  anulación se produjo con nocturnidad (con un comunicado de prensa y sin informar formalmente a los sindicatos), dos días después de haberse promulgado y curiosamente, después de que CSI-F anunciara la devolución de los ‘moscosos’, a través de los medios de comunicación.
 
CSI-F entiende por tanto que esta anulación ha sido improvisada, que refleja la descoordinación de los diferentes ministerios y exige que se asuman responsabilidades al más alto nivel. Los empleados públicos merecen más respeto por parte del Gobierno, especialmente cuando el propio Ministro de Hacienda reconoció que el Ejecutivo planea devolver los ‘moscosos’.

 

CSI-F advierte de que las nuevas altas en la Seguridad Social son coyunturales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) reclamó hoy al Gobierno un plan de recursos humanos para detectar las necesidades en las Administraciones Públicas y una amplia oferta pública de empleo en la que se consoliden los puestos de trabajo coyunturales que, hoy por hoy, son insuficientes para garantizar la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

CSI-F se felicita de los datos positivos de afiliación registrados este mes en Administraciones Públicas, pero advierte de que comparado con el año anterior se han destruido más de 5.000 puestos de trabajo, mientras que en sectores como la Sanidad (con una proporción entre el ámbito público y privado del 80 y el 20 por ciento, respectivamente), ya van perdidos 155.859, liderando de lejos la destrucción de empleo.

En Educación, por su parte, el saldo ha sido positivo, con 96.792 altas, si bien la inmensa mayoría es personal interino que se vuelve a incorporar tras las vacaciones de verano, y por tanto su puesto de trabajo tampoco está consolidado. Esta foto fija del empleo, además debe complementarse con la Encuesta de Población Activa que, no olvidemos, arroja una pérdida total de 390.000 puestos de trabajo desde finales del tercer trimestre de 2011.

En estos momentos, la plantilla del conjunto de las administraciones públicas asciende, según la EPA, a 2.830.600 personas (incluido el personal que trabaja en las empresas públicas), el mismo nivel que se registraba en el tercer trimestre de 2004, es decir, casi diez años atrás. Esta evolución se traduce, sin duda en un deterioro de los servicios públicos que reciben los ciudadanos en todos los ámbitos, dada la evolución al alza de la población española.

CSI-F considera que de mantenerse esta tendencia las Administraciones Públicas están abocadas al colapso o a la privatización, salvo que se cambie la actual política de recursos humanos, con la congelación de la oferta pública de empleo y la amortización de plazas de personal jubilado. Es preciso abrir cuanto antes las mesas de negociación.

 

CSI-F reclama la apertura inmediata de un proceso de diálogo para recuperar las condiciones laborales

Hacienda anuncia que devolverá la paga extra “en el horizonte de 2015”

El secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció hoy en RNE que los empleados públicos recuperarán la paga extra que perdieron en las navidades de 2012 en cuanto mejoren las circunstancias económicas, “presumiblemente en el horizonte de 2015”.

CSI-F valora de manera positiva este anuncio, que sin duda responde al clamor social, a las presiones ejercidas por los sindicatos y al temor real de haber perdido la confianza en el colectivo de empleados públicos. Por eso, reclama al Gobierno que pase de las palabras a los hechos y abra de manera inmediata un proceso de diálogo para recuperar de manera progresiva las condiciones laborales.

El Ejecutivo lleva varias semanas lanzando mensajes de agradecimiento al sacrificio realizado por los empleados públicos durante la crisis, por boca del presidente del Gobierno, la vicepresidenta, el ministro de Hacienda y hoy mismo por el secretario de Estado de Administraciones Públicas.

CSI-F, sindicato más representativo en las administraciones públicas, “toma nota” pero es consciente de que los guiños lanzados al colectivo de empleados públicos se lanzan en el contexto del año electoral. Por tanto, pide al Gobierno que pase del terreno de los medios de comunicación a la mesa de negociación, que es donde se toman los acuerdos, y que lleva paralizada más de un año.

Una vez que el Gobierno ha puesto fecha a la recuperación, CSI-F entiende que se debe abrir un proceso para la recuperación paulatina de estos derechos, empezando por la paga extra devengada que ya han reconocido los tribunales de justicia en todo el Estado y que podría devolverse a través de un crédito extraordinario en los próximos Presupuestos Generales para 2014.

CSI-F pide al Gobierno que tome como ejemplo el acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la Generalitat Valenciana el pasado 24 de octubre, en el que se estableció un marco temporal a la recuperación paulatina de derechos laborales. Esto es de justicia una vez que aparecen los primeros signos de la recuperación.

Los empleados públicos fueron los primeros en sufrir los recortes al inicio de la crisis, por tanto ahora también deberían empezar a notar los primeros efectos de la recuperación. CSI-F es un sindicato negociador y ahí siempre nos encontrará, si realmente hay voluntad de ello. Mientras tanto, por responsabilidad, mantendrá las medidas de presión allí donde sea necesario para defender los legítimos intereses de los empleados públicos.

 

El Gobierno reduce la plantilla de la Administración a niveles del 2004

- Continúa la sangría en el sector público: baja la ocupación en 12.600, mientras comienza a subir en el privado

- Los ocupados indefinidos bajan en 35.000 y los temporales suben en 24.000

- Los empleados públicos no pueden ser los damnificados en la supuesta recuperación económica
 

La ocupación en el sector público continúa su sangría con la pérdida de 12.600 puestos de trabajo en el tercer trimestre del año, según los datos publicados hoy de la Encuesta de Población Activa. Esto supone una pérdida total de 390.000 puestos de trabajo desde finales del tercer trimestre de 2011, cuando llegó el Partido Popular al Gobierno.

En estos momentos, la plantilla del conjunto de las administraciones públicas asciende, según la EPA, a 2.830.600 personas (incluido el personal que trabaja en las empresas públicas), el mismo nivel que se registraba en el tercer trimestre de 2004, es decir, casi diez años atrás.

Esta evolución se traduce, sin duda en un deterioro de los servicios públicos que reciben los ciudadanos en todos los ámbitos, dada la evolución al alza de la población española. Por otra parte, CSI-F observa una nueva tendencia en el tipo de contrato, de tal manera que se están sustituyendo los indefinidos por temporales.
En concreto, se han producido 36.500 extinciones de contratos indefinidos y por el contrario aumentan en 24.000 las ocupaciones de carácter temporal. Asimismo, suben en 6.500 los contratos eventuales, entre los que se incluye el personal asesor. Esto es inaceptable. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo de las administraciones públicas, valora de manera positiva la evolución del empleo privado y el hecho de que algunas familias vean aliviada su situación.

Pero no podemos aceptar que los trabajadores del sector público sean los damnificados de los ‘brotes verdes’. No puede ser que los empleados públicos fueran los primeros en sufrir los efectos de la crisis y ahora sean los últimos en beneficiarse de los efectos de la recuperación. En estos momentos, los trabajadores de las administraciones públicas están soportando la cara más dura en esta supuesta recuperación económica, dado que mientras comienza a subir la ocupación en el sector privado, la pérdida de puestos de trabajo continúa en el ámbito de lo público.

CSI-F agradece las buenas palabras del Gobierno de los últimos días sobre el sacrificio de los empleados públicos, pero estas intenciones se tienen que traducir en hechos. Ahora estamos viendo como se nos está enviando a la cola del paro con palmaditas en la espalda para satisfacer las demandas de Bruselas en la reducción del déficit.

Por este motivo, CSI-F reclama la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para abordar el déficit de plantillas y poner en marcha un plan de recursos humanos antes de que sea demasiado tarde. La Administración se encuentra al borde del colapso y en los próximos años el sistema se hará insostenible.

 

Militares y empleados públicos 'celebran' el 12 de Octubre con el sueldo congelado y menos poder adquisitivo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, felicita al colectivo de militares españoles y a los empleados públicos dependientes del Ministerio de Defensa con ocasión de la celebración del 12 de Octubre, Fiesta Nacional de España.

CSI-F quiere aprovechar esta festividad, que tradicionalmente incluye un desfile militar, para recordar que los militares españoles, en su condición de empleados públicos también están sufriendo en sus carnes los rigores de los recortes del Gobierno, es decir, congelación de sueldos, límites a la reposición de efectivos y desde luego disminución de su poder adquisitivo.

Los militares, junto al resto de los empleados públicos, también vieron como se les bajaba el salario, como se les suprimía su paga extra, como les han eliminado días de libre disposición y como su imagen pública ha sido también dañada en la campaña de desprestigio emprendida desde el inicio de la crisis.

Sin embargo, por su condición especial no se les está permitida la sindicación y por eso CSI-F, desde su responsabilidad como agente activo de la sociedad civil, se solidariza con su situación.

La celebración del 12 de Octubre es una buena ocasión para reivindicar el papel fundamental que juegan para el funcionamiento del Estado militares y también policías, jueces, bomberos, sanitarios, profesores… La Fiesta Nacional de España también debe ser la fiesta de los servidores públicos que hacen posible el mantenimiento de nuestros servicios y por extensión de nuestro Estado Social y de Derecho.

Lamentablemente, no corren buenos tiempos para los servidores públicos, por eso es obligación de CSI-F recordar la necesidad de compensar a este colectivo por el sacrificio realizado durante la crisis económica, porque fueron los primeros en sufrir los recortes y no pueden ser los últimos en salir de la crisis.

PÚBLICO.ES Miguel Borra: "De seguir así llegaremos al colapso de la Administración"

A la congelación de los salarios de los funcionarios hay que sumar la de la oferta pública de empleo y el empeoramiento de las condiciones laborales. Desde el CSI-F, sindicato mayoritario en la función pública, alertan del riesgo que ello supone para la calidad de los servicios públicos.

Una de las medidas más controvertidas que puede tomar un Gobierno a la hora de elaborar unos Presupuestos Generales del Estado es la de congelar el sueldo de los funcionarios. Decisión polémica y relevante pero que en en España hace tiempo que dejó de ser una novedad: las cuentas públicas de 2014 condenan por cuarto año consecutivo a los empleados públicos a mantener el mismo sueldo del año anterior, —en realidad a mantener el mismo que tenían en 2011—. Y eso sin contar que en 2010 esos mismos sueldos ya sufrieron una rebaja media del 5% —aunque en muchos casos llegó al 10%— y la quita de una paga extra en 2012.

"Encadenamos cinco años consecutivos entre congelaciones y recortes varios. Entre 2010 y 2014 vamos a acumular una pérdida del 30% de poder adquisitivo", señala Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), el sindicato mayoritario entre los empleados de la Administración General del Estado, la llamada administración central.

El objetivo del Gobierno sigue siendo cuadrar las cuentas públicas como sea aún a costa de unos empleados públicos que cada vez se ven más ahogados, recuerda Borra: "Todo tiene un límite y en el caso de los empleados públicos ese límite lo pasamos hace ya algunos Presupuestos. Estamos hablando de sueldos que en muchos casos escasamente superan los 1.000 euros".
 

El pago de los sueldos a los funcionarios de la Administración una de las partidas más importantes de los Presupuestos: según las cuentas de 2014 el Estado central destinará 21.301 millones de euros a pagar a los 560.000 funcionarios y contratados laborales 112 millones menos de lo presupuestado para 2013. Esta cifra no se incluye el gasto de personal de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que en ess caso supera los 100.000 millones. En 2012, en concreto, fue de 116.887 millones de euros.

 

Evitar la actualización salarial por el IPC le supone al Estado un ahorro considerable:  según consta el informe de la Comisión para la reforma de las administraciones públicas (CORA), el ahorro total desde 2012 hasta 2014, ambos inclusive, será de 12.966 millones de euros, de los que 8.542 millones corresponderan a las autonomías. Esta cantidad se reparte entre los años 2012, 2013 y 2014 y es fruto de las medidas que adoptó el Gobierno en materia de empleo público durante el pasado ejercicio, entre otras, la de establecer en cero la tasa de reposición para la administración pública; la reducción de los días por asuntos propios o el incremento de la jornada laboral a 37 horas y 30 minutos semanales, entre otras.

Borra valora negativamente la congelación salarial, pero pone el mismo enfásis en resaltar que desde el tercer trimestre de 2011 —prácticamente desde que gobierna el PP— se han perdido unos 300.000 empleos públicos. El dato coincide con el que ofreció el lunes el propio Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. "Nuestra preocupación no es sólo por los sueldos. Los 300.000 empleos perdidos que se han perdido eran básicamente personal interino de educación y sanidad, dos servicios básicos".

Y es que no sólo se congela el sueldo, también la oferta pública de empleo: a ese recorte de 300.000 empleos hay que sumar otro que según Borra se produce de "forma silenciosa" y que se lleva por delante una media de 70.000 puestos de trabajo al año en el sector público. Borra se refiere a un hecho que se ha generalizado en la administración pública desde 2010: no se sustituye a los funcionarios que se jubilan o que fallecen. Aquel año el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estableció una tasa de reposición cero salvo para los servicios básicos (Educación, Sanidad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lucha contra el fraude), que tienen una tasa de reposición de "hasta el 10%", o sea un funcionario nuevo por cada diez que salen. El Gobierno del PP no ha modificado esa norma.
 

Los datos oficiales del propio Gobierno reflejan esa realidad: a 30 de agosto de 2013 había 560.111 personas trabajando para la administración central, de los que 497.630 eran funcionarios  y 62.481 personal laboral contratado. Según esos mismos datos, en  los primeros ocho meses de 2013 el personal del Sector Público Estatal se redujo en un 2,95% respecto a 2012. El número de funcionarios había descendido casi en la misma proporción: un 2,72% pero las bajas entre el personal laboral era mucho mayor, un  4,75%, lo que demuestra que en la administración pública también se despide y se ajusta la plantilla. 

La casi nula reposición de los funcionarios públicos preocupa especialmente al presidente del CSI-F. Dos son la razones de su zozobra: en primer lugar el envejecimiento progresivo del cuerpo de funcionarios; y en segundo lugar, la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos. 

Respecto a la primera razón, Borra dibuja un panorama inquietante: "Nos encontramos que en la Administración General del Estado más de la mitad de los trabajadores públicos tienen más de 50 años y el 10% más de 60 años. Si el Gobierno continúa a medio plazo con esta política de limitar la reposición estaríamos en el inicio del colapso de la Administración". 

Calidad de los servicios públicos

Los recortes de funcionarios tienen un segundo corolario: la calidad de los servicios públicos. "Al no haber una oferta de empleo adecuada se van reduciendo cada vez más los servicios que prestamos a los ciudadanos. La Sanidad, Educación, Justicia y Seguridad son necesarios con crisis o sin ella. Pero se está produciendo un ajuste muy grave en esos sectores y eso incide en los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. Desde CSI-F siempre hemos defendido que tiene que haber los empleados públicos necesarios, ni uno más pero ni uno menos. Y por eso reclamamos al Gobierno que se siente a negociar un auténtico plan de recursos humanos de las Administraciones Públicas".

Negociar. Esa es la palabra a la que se aferra Borra. Pero reconoce que el Gobierno muestra muy poca voluntad. La agenda del CSI-F está repleta de reivindicaciones y no sólo salariales: "Vamos a trabajar para recuperar derechos que nos han sido arrebatados. Por ejemplo, el tema de los moscosos, esos días de libre disposición que nos han quitado. Queremos que nos vayan devolviendo esos días porque no tienen una repercusión en la reducción real del déficit. Sabemos que la crisis es dura, pero lo que los funcionarios demandamos es que no seamos los últimos en ver la salida de este largo túnel", resume Borra.

 

Datos afiliación Seguridad Social: El Gobierno debe ampliar la oferta de empleo público en los presupuestos o la Administración colapsará

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) reclamó hoy al Gobierno que amplíe la oferta pública de empleo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, ante la destrucción de puestos de trabajo que se está produciendo en el sector público, tal y como muestran los datos publicados hoy por la Seguridad Social.

Este año, el Gobierno tiene previsto congelar una vez más las plantillas, salvo una tasa de reposición de hasta el 10 por ciento en determinados sectores que es insuficiente para mantener el nivel de calidad de los servicios públicos que exigen los ciudadanos.

Según los datos de la Seguridad Social publicados hoy, Administración Pública y Sanidad ocupan ya el tercer puesto en destrucción de puestos de trabajo en el mes de septiembre, con un saldo de -10.170 (cinco veces más que el mes anterior) y -19.411, respectivamente. Administración y Sanidad han destruido ya en lo que va de año un total de 175.255 puestos de trabajo y lideran ya el escalafón de sectores con mayor número de bajas respecto al mismo periodo del año anterior, por encima de la construcción, la industria y el comercio.

Especialmente grave es la situación de las Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, que este mes volvió a perder 19.411 empleos y 164.280 acumulados respecto al año pasado.

Estos datos son un indicador de la sangría de empleo que se está produciendo, teniendo en cuenta que existe una proporción del 80-20 entre sector público y privado.

En Educación, este mes el saldo ha sido positivo, con 47.157 altas, si bien la inmensa mayoría es personal interino que se vuelve a incorporar tras las vacaciones de verano, y por tanto su puesto de trabajo no está consolidado. Por eso, CSI-F emplaza al Gobierno a impulsar un plan de recursos humanos y a ampliar la oferta pública de empleo en los próximos presupuestos, antes de que sea demasiado tarde.

La Administración se encuentra al borde del colapso y en los próximos años, el sistema se hará insostenible. Según la EPA, un total de 581.100 personas tienen más de 55 años.

 

Además, según las propias cuentas del Gobierno, se espera que a lo largo de este año el número de efectivos se reducirá en 13.335 en la Administración General del Estado, fundamentalmente por jubilaciones y amortización de plazas.

 

Cinco Días Miguel Borra: "El voto de los empleados públicos puede acabar con un Gobierno"

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) Miguel Borra, responde en una entrevista al diario CINCO DÍAS a la nueva congelación salarial a los empleados públicos.
 

Los empleados públicos encaran un nuevo año con sus sueldos rebajados y congelados. Y ya es el quinto. Miguel Borra (Zaragoza, 1968) preside desde hace casi dos años la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F) mayoritaria entre este colectivo y cree que el Gobierno no está calibrando lo suficiente el peso electoral que tienen los 2,5 millones de empleados públicos y sus familias. Como economista, llama la atención sobre la inyección que supondría a la economía real la devolución de la parte de la paga de Navidad retirada en 2012 a estos trabajadores, tal y como han sentenciado los tribunales.

Pregunta. ¿Se esperaban una nueva congelación salarial para 2014?

Respuesta. En parte sí. Y después de las palabras del presidente, Mariano Rajoy, la pasada semana en el Senado, garantizándonos solo el cobro de las pagas extras –que por otra parte son un derecho que generamos día a día– la luz de la que hablaba al final del túnel para los empleados públicos se nos ha puesto un poco más lejos. Fuimos los primeros en sufrir los recortes y vamos a luchar por no ser los últimos en ver esa luz al final del túnel.

P. ¿Y cómo va a ser esa lucha?

R. El jueves pasado ya convocamos una huelga general para la enseñanza para el 24 de octubre. Porque el sector educativo además de todos los recortes salariales está sufriendo en más intensidad la disminución del personal interino. También nos manifestamos en el acto de inicio del año judicial, porque la Justicia es otro de los sectores que más está sufriendo el recorte de personal; y no lo digo yo, lo dicen los jueces que se quejan a diario de que no pueden trabajar y se les atasca la maquinaria porque no tienen secretarios judiciales ni tramitadores. Y lo mismo ocurre con las cárceles.

Vamos a seguir con esta presión, intensificándola en todos los sectores. Porque el Gobierno se tienen que dar cuenta de que se tiene que sentar a negociar cómo mejorar los servicios públicos. Estemos o no estemos en crisis los servicios públicos no pueden pagarlo porque los ciudadanos los necesitan. Seguro que retomaremos las protestas en los centros de trabajo, y en la calle en momentos concretos y puntuales pues también.

P. Sin embargo, el Ejecutivo parece que no se da por aludido con todas estas protestas...

R. No se terminan de dar cuenta de que este acoso y derribo a los empleados públicos ya les costó a algunos Gobiernos las elecciones. Somos 2,5 millones de personas y nuestro voto puede acabar con un Gobierno; puede hacer decantar la balanza electoral en un sentido o en otro. Está claro que cada empleado público votará lo que estime oportuno, pero me remito a la historia reciente de nuestro país, cuando un Ejecutivo tomó medidas que fueron muy lesivas contra los empleados públicos, indudablemente luego lo pagó en las urnas.

Hemos sufrido como el que más durante la crisis y si ahora se empieza a vislumbrar cierta recuperación, el Gobierno habría tenido que tener como mínimo algún gesto con nosotros.

P. ¿A qué gestos se refiere?

R. El primer gesto que debería haber tenido es habilitar un crédito presupuestario en 2014 para pagar la parte devengada de la paga extra que nos quitó en diciembre 2012. Numerosos tribunales han reconocido que esta medida no puede tener carácter retroactivo. Así, hay 44 días que se deben al personal estatutario y 14 días al personal laboral, porque ya los habíamos devengado cuando entró en vigor la retirada de la extra, el 15 de julio. Es salario diferido que nos tienen que pagar.

Eso hubiera sido un gesto de buena voluntad, que aparte de ser justo, hubiera servido también para reactivar la economía. Porque aquí parece que solo se reactiva dando dinero a los bancos; cosa que, por cierto, tampoco he visto que hayan hecho. Y puedo garantizar que con ese dinero (unos 1.500 millones), los empleados públicos habríamos hecho lo que el común de los mortales: regar la economía porque nos lo habríamos gastado. No obstante, intentaremos conseguir que se nos pague este dinero en el trámite parlamentario de los Presupuestos.

P. Parece que Rajoy ha ampliado a algún sector más la tasa de reposición de hasta el 10%...

R. Han añadido algún sector como seguridad aérea y organismos reguladores. Pero es totalmente insuficiente. En España se han perdido más de 300.000 empleos públicos en la crisis;muchos de ellos el último año, y se está empezando a notar mucho la falta de personal en los colegios y hospitales, sobre todo.

P. Pero usted siempre ha sido partidario de racionalizar las plantillas, sobre todo en el caso de las empresas públicas.

R. Sí. Nosotros defendemos que haya el número de empleados públicos necesario para prestar el servicio. Ni uno más ni uno menos. Por eso hemos pedido muchas veces a la Administración que hay que trabajar en planes de recursos humanos para racionalizar las plantillas en todos los sentidos. Si hay que hablar de movilidad de personal, que se haga.

“La huelga está ahí pero es el último recurso”

Los empleados públicos son un colectivo que tradicionalmente no han sido muy proclives a ir a la huelga. Pero los últimos recortes están cambiando estas costumbres. Para empezar hay convocada una huelga general en la enseñanza el 24 de octubre en la que el CSI-F –que no se sumó a la última huelga del 29 de marzo del año pasado– está entre los convocantes. Sin embargo, Miguel Borra sigue siendo algo escéptico. “La huelga es un recurso que está ahí pero para nosotros es el último”. Nos decantamos más por sentarnos a trabajar en una mesa y sacar temas adelante. Y estamos convencidos que eso es lo mejor para todos.” Pero el presidente del CSI-F destaca la dificultad llevar a cabo esta estrategia ahora “por la falta de voluntad negociadora por parte de este Gobierno”.

No obstante, el líder sindical insiste en que hay una serie de temas que aunque la situación sea complicada se podrían discutir. “Por ejemplo, estamos cansados de que nos saquen a relucir la evaluación del desempeño o la productividad. Pues vamos a sentarlos a definirla, pero en cada sector y definiendo los criterios de productividad de cada puesto. Porque no es lo mismo que hacer operaciones de apendicitis que hacer tornillos”, precisa Borra.

Movilidad y moscosos

También se podría hablar del Estatuto del personal docente no universitario que es una reivindicación histórica de los profesores;y, sin embargo, “el Gobierno ha roto esta negociación sine die”. Asimismo, “se podría discutir sobre movilidad –añade–, porque a este paso va a ser más fácil venir desde Bruselas a Madrid que desde Badajoz”. Y, finalmente, “sobre la devolución de alguno de los tres días de libre disposición (moscosos) que nos han quitado, porque ahora estamos por debajo de la media de los convenios del sector privado en esta materia”.

 

El CERMI y CSI-F promoverán la inclusión de las personas con discapacidad en el sector público

El convenio ha sido suscrito hoy por el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno; y por el presidente nacional de CSI-F, Miguel Borra Izquierdo.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) han firmado un acuerdo de colaboración por el que promoverán la inclusión de las personas con discapacidad, así como aquellas en situación de discriminación en igualdad de trato y de oportunidades en aquellas esferas relacionadas con los servicios públicos y empleados públicos.

A través de este acuerdo -suscrito hoy por el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; y por el presidente de CSI-F, Miguel Borra Izquierdo-, que tiene una vigencia de cuatro años, ambas instituciones se comprometen aunar esfuerzos e impulsar iniciativas, programas, proyectos y acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida, sociales y culturales de las personas con discapacidad y de acceso a bienes, productos y servicios, así como combatir todas las manifestaciones de discriminación, con el objetivo de disfrutar de todas los derechos que reconocer la Constitución a todos los españoles, en este caso en el sector público.

En virtud de este convenio, CSI-F tendrá en cuenta las políticas de la discapacidad como un referente a la hora de planificar, definir y aplicar sus distintas líneas de acción transversal en las diferentes mesas de negociación de las que forma parte y en sus ámbitos de competencia como central sindical más representativa entre los empleados públicos.

Tanto para el CERMI como para la CSI-F, la igualdad de trato y oportunidades es un asunto de referencia que asumirán como línea de acción en sus respectivas agendas institucionales. Así, ambas organizaciones intercambiarán las necesidades, demandas y propuestas de los empleados públicos con discapacidad y sus familias para defenderlas de cara a las diferentes administraciones.

En concreto, los ámbitos a los que hace referencia este punto es el acceso al empleo público, la formación, progresión y promoción de profesionales; las condiciones laborales o salarialesde empleados públicos con discapacidad; lucha contra la discriminación de los empleados públicos por razón de discapacidad y promoción de la accesibilidad en los espacios, entornos, procesos y relaciones propias de las Administraciones Públicas; o la protección social de los empleados públicos con discapacidad y de sus familias.

También apunta al asesoramiento jurídico y acompañamiento de empleados públicos con discapacidad en casos de discriminación, vulneración de derechos o ausencia de igualdad de oportunidades; así como a la formación de empleados públicos en materias de atención, trato, inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad e igualdad de trato y de oportunidades en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Otras áreas que señala es la producción de materiales conjuntos de carácter informativo y formativo sobre concienciación, sensibilización e imagen social de las personas con discapacidad por parte de empleados públicos; garantizar un entorno laboral libre de violencia, acoso sexual y por razón de sexo; y concienciar sobre la necesidad de los servicios públicos y empleados públicos e impulsar políticas de concienciación para denunciar, prevenir, asistir y perseguir los actos de violencia de género.

El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas con discapacidad que en la sociedad civil engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena de una realidad presente en el 10% de la población, los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Nuestro objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía y la igualdad de oportunidades de este grupo social.
 
CSI-F es un sindicato profesional e independiente, más representativo en las administraciones públicas, que trabaja por la gestión más eficiente, democrática y transparente de los servicios públicos. Entre sus principios fundamentales estála promoción del efectivo desarrollo de la igualdad de oportunidades, reprobando de manera expresa toda discriminación que por razón de sexo, nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social pudiera producirse.