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9 ene 2013

Nueva Instrucción sobre la jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la AGE

Esta instrucción supone un recorte de derechos para los Empleados Públicos. Vamos a analizar algunas de sus novedades:
     
    1. Entrada en vigor 1 de enero de 2013 ámbito de aplicación AGE y todos organismos dependientes.
     
    1. La jornada de trabajo anual pasa de 1.647 a 1.664 horas anuales.
     
    1. Los subsecretarios de los ministerios o las autoridades competentes en personal del resto de organismos tienen las competencias sobre la apertura y cierre de los centros de trabajo, Esto permite reducir la apertura y cierre de los centros de trabajo.
     
    1. La mitad de las vacaciones habrán de ser disfrutadas entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, permitiendo que el tiempo restante de las mismas pueda disfrutarse en períodos distintos.
     
    1. Se permite que hasta 5 días de las vacaciones anuales puedan disfrutarse de forma individual o independiente a lo largo del año.
     
    1. El uso y disfrute de las medidas de conciliación, es condicionado al marco de las necesidades del servicio.
     
    1. Se permite el cierre de las instalaciones debido a la inactividad estacional de determinados servicios. En estos casos, los períodos de disfrute de las vacaciones coincidirán en la franja temporal de cierre.
     
    1. Los permisos para la formación, se mantienen los basados en el desarrollo profesional, y se eliminan los permisos relacionados con el desarrollo personal.
     
    1. Concesión de que el calendario laboral incorpore cada año, como máximo, un día de permiso en caso que en dicho año coincida una fiesta nacional con sábado. Esto no se ampliaría cuando en el año haya más de un festivo. No se concederían tampoco cuando la fiesta la fije la comunidad autónoma o sea local.
     
    1.  La interrupción mínima para la comida, en la jornada de mañana y tarde, se fija en media hora.
     
    1. Se endurecen las medidas de seguimiento del absentismo así como los mecanismos para la deducción proporcional de haberes cuando la jornada no se haya realizado en su totalidad.
Seguimos Defendiendo lo Público
 

13 dic 2012

Recuperación de asuntos propios y vacaciones

                                           Directora General de la Función Pública

¿Que pasa con nuestros días por asuntos propios y vacaciones? 
 
 
Carmen Sánchez-Cortés Martí
 
Enlace al documento abajo
 
 


¡¡SEGUIMOS DEFENDIENDO LO PÚBLICO!!

28 nov 2012

Los sindicatos analizan hoy vías jurídicas para reclamar la paga extra en todas las CC.AA




CSI-F aprecia un cambio de sensibilidad en las Administraciones y pide que cunda el ejemplo de Extremadura, País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) y el resto de sindicatos y asociaciones profesionales presentes en el sector público analizarán mañana vías jurídicas y un modelo de reclamación de la paga extra de Navidad en el conjunto de las comunidades autónomas.
Miguel Borra, presidente de CSI-F, sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, se felicitó de que esta cuestión se haya puesto encima de la mesa por parte de los gobiernos extremeño, vasco, o la Comunidad Foral de Navarra si bien, mostró su cautela a la espera de conocer la concreción de las medidas.
CSI-F valora de manera positiva que se estudien vías de financiación para paliar una parte de la pérdida de poder adquisitivo que los empleados públicos han sufrido a lo largo de los últimos años y que se eleva ya al 30 por ciento, si se suman los diferentes recortes (bajada de sueldo, congelaciones y retracción de paga extra, entre otras).
Para CSI-F, se trata de una decisión, necesaria y razonable y que por encima de todo, parece evidenciar un cambio en la sensibilidad de las administraciones públicas hacia los empleados públicos y ha de marcar el inicio del dialogo y la negociación que se debe de llevar a cabo en el futuro, con el Gobierno central y el resto de las administraciones.
"Esperamos que cunda el ejemplo y que el resto de administraciones encuentren vías de financiación, a través de una buena gestión que evite duplicidades y derroches, y que cuando la economía lo permita se compense al grueso de empleados públicos a todos los niveles de la administración de la pérdida de derechos laborales que llevamos sufriendo desde 2010", destaca Miguel Borra.
Esta misma mañana, CSI-F ha solicitado a la Junta de Castilla y León que se dividan las dos pagas extras que recibirían los empleados públicos en el año 2013, en tres partes, de forma que se abonara la primera nómina el día 3 de enero, la segunda en el mes de junio y la tercera en el mes de diciembre.
Convocatoria para hoy
Reunión de la Plataforma Sindical y de Asociaciones de Empleados y Empleadas públicas.
Día:
 miércoles, 28 de noviembre


Hora:


la rueda de prensa se celebrará a las 12.30 horas y de manera previa, los medios gráficos podrán tomar imágenes de la reunión.


Lugar:


Sede de CSI-F. C/Fernando el Santo, 17. 2º.


18 nov 2012

BUZON DE DENUNCIAS CSI-F


 Desde la CSI-F en el Ministerio de Fomento queremos hacernos eco de tus DENUNCIAS, para ello hemos creado un buzón que es totalmente confidencial para ti. 

foxyform
SE GARANTIZA TU TOTAL CONFIDENCIALIDAD, si deseas una respuesta déjanos un e-mail o manera de contacto 

5 oct 2012

Paga Extra Navidad: Información Jurídica de Interés

Debido a la inquietud generada en todos nosotros, ante la duda y posibles consecuencias de reclamar o no la parte proporcional de Extra, informaros que:

Con fecha 11 de septiembre, se han reunido los Abogados que forman parte de las ASESORÍAS JURÍDICAS de los siguientes Sindicatos y Asociaciones Profesionales, pertenecientes a la Función Pública y que forman parte de la Plataforma Sindical de los Empleados Públicos: UGT - CCOO – CSIF – S.LIBRE – USO – ANPE (Enseñanza) – CEP, SPP Y UFP (Policía) – CESM (Médico) – SATSE (Ats) – USAE (Aux de Enfermería) – FESESS (Subinspect. de Empleo y SS) – GESTHA (Técnicos del Ministerio de Hacienda)…

Tras un intenso análisis Jurídico de la situación de los recortes a los Empleados Públicos, han concluido CONSENSUADAMENTE que LA UTILIZACIÓN DE RECLAMACIONES INDIVIDUALES MASIVAS de los propios Afiliados, ES NEGATIVA por las consecuencias de su práctica (principalmente las costas del contencioso, que serían por cuenta individual en base a la última reforma procesal).

Respecto a las Pagas Extras, se concluye que es necesario tener una DETRACCIÓN EFECTIVA en la Nómina para poder iniciar la reclamación, salvo para aquellos que ya les estén descontando en su Nómina parte de la paga extra antes de Diciembre.

Por todo lo cual, LA RECLAMACIÓN INDIVIDUAL DE CANTIDAD SE LLEVARÍA A CABO A PARTIR DEL IMPAGO por la persona designada por cada Sindicato y en dos formas posibles:
PERSONAL LABORAL: Técnica del Conflicto Colectivo.
PERSONAL FUNCIONARIO: Reclamación Administrativa.

La Plataforma ha de aclarar si adopta una estrategia jurídica única y la forma en que habilita a la Comisión Jurídica.

NO OBSTANTE, como resumen, Y CON REFERENCIA A LA DIFUSIÓN POR PARTE DE ALGÚN SINDICATO DE MODELOS DE RECLAMACIÓN O RECURSOS INDIVIDUALES FRENTE A LA FORMA DE APLICACIÓN DEL NUEVO TIJERETAZO SALARIAL, DESDE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE CSI·F SE INFORMA QUE:

La interposición de reclamaciones/recursos individuales o colectivos directos frente a disposiciones con rango de Ley, serán desestimadas tanto en vía administrativa como judicial, produciendo efectos de cosa juzgada que implica la imposibilidad de volver a reclamar sobre lo mismo en el futuro.

Una vez formulada la interposición de dichas reclamaciones, el abandono de las mismas, implica la consideración de acto consentido sobre la reclamación planteada, con consecuencias negativas para las personas promotoras quienes no podrán volver a reclamar sobre lo mismo en el futuro.

En cualquier caso, no será posible reaccionar jurídicamente contra dichas medidas restrictivas de nuestros derechos salariales hasta tanto no se lleven a efecto actos administrativos o de gestión dictados en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto Ley. Por tanto, sólo en el momento que se lleve a efecto en nómina o a través de otra actuación administrativa, la operación prevista en dicho Real Decreto se podrá accionar jurídicamente contra las medidas de restricción salarial adoptadas.

Por tanto, desde esta CENTRAL SINDICAL se pide CAUTELA en lo que respecta a las acciones jurídicas a formular de forma individual, por las consecuencias negativas que puedan acarrear para las personas promotoras de las mismas, MÁXIME TENIENDO EN CUENTA LA ÚLTIMA REFORMA PROCESAL QUE IMPLICA LA IMPOSICIÓN DE COSTAS JUDICIALES A LAS PERSONAS DEMANDANTES QUE VEAN DESESTIMADAS SUS PRETENSIONES EN VÍA JUDICIAL.

Con independencia de todo lo anterior, y como quiera que desde esta CENTRAL SINDICAL estamos total y absolutamente de acuerdo con la interposición de acciones reivindicativas en defensa de los derechos salariales de todos los empleados públicos ante los atentados directos, que de forma continua y reiterada vienen sufriendo en los mismos, nuestros servicios jurídicos están estudiando las mejores fórmulas de reacción y protección jurídica a través de la formulación en su día de acciones judiciales en nombre de CSIF, a fin de evitar más riesgos económicos a nuestros afiliados, adoptando asimismo todas las acciones de defensa posibles dentro de la plataforma sindical que las distintas organizaciones sindicales hemos creado.

Para cualquier duda que os pueda surgir al respecto, tenéis a vuestra disposición la Asesoría Jurídica del Sindicato, cuyos profesionales os darán toda la información que preciséis al respecto.

21 sept 2012

MUFACE: las prestaciones bajarán un -22%


MUFACE

El Gobierno prepara un nuevo recorte a los empleados públicos en los Presupuestos Generales de 2013

El Gobierno prepara un nuevo recorte al colectivo de empleados públicos en los Presupuestos Generales de 2013,que verán reducido en un 22 por ciento el gasto en las prestaciones sociales en el régimen asistencial de MUFACE, según informó ayer el director general de la mutualidad, al Consejo General de esta entidad, en el que tiene representación mayoritaria la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).

Aunque este informe es provisional, dado que el Gobierno aún no ha cerrado las prestaciones que se verán afectadas, el director general de MUFACE comunicó que una de ellas será la ayuda para la adquisición de vivienda. El resto será comunicado en una próxima reunión extraordinaria del Consejo.
Los presupuestos definitivos se darán a conocer la próxima semana por el Consejo de Ministros y los sindicatos tendrán cuenta de ellos en una reunión previa de la Mesa General de las AA.PP. No obstante, las cifras provisionales ya apuntan una reducción del 12,41 por ciento de las aportaciones del Estado a MUFACE, la citada reducción del 22 por ciento en prestaciones sociales, un 8,26 por ciento menos de gasto en farmacia, y un 3 por ciento menos en el capítulo de prótesis y otras prestaciones.
Entre las prestaciones sociales que reciben los empleados públicos adscritos al régimen de MUFACE, se encuentran las siguientes: ayudas por incapacidad (incapacidad temporal, gran invalidez, indemnización por lesiones permanentes), subsidio por riesgo de embarazo y durante la lactancia, prestaciones familiares por parto múltiple o hijo discapacitado, ayudas a la dependencia, subsidio por jubilación, defunción, o las becas al estudio.

Según los últimos datos, alrededor de1,4 millones de empleados públicos están adscritos al régimen de MUFACE, a los que se suman 700.000 beneficiarios, fundamentalmente los hijos y otras personas a cargo sin ingresos.

Este nuevo recorte se suma a las rebajas salariales del 5 por ciento, la eliminación de días libres, los descuentos en la nómina por incapacidad temporal y la detracción de la paga extra de diciembre. Además, CSI-F conoció ayer que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha dado instrucciones a todos los organismos dependientes de la Administración General del Estado para que reduzcan en sus presupuestos un 50 por ciento el gasto en Acción Social. Este gasto ya se vio reducido en un 50 por ciento en 2012, por lo que en dos años los empleados públicos han visto como les han retraído las tres cuartas partes de esta ayuda.

Eliseo Moreno, representante de CSI-F en el Consejo General de MUFACE, hizo además un informe en el que advierte de los riesgos para la viabilidad del régimen mutualista, como consecuencia de la crisis económica, los recortes en las aportaciones de Hacienda, la paralización de las ofertas de empleo público y el incremento de los precios sanitarios de manera inferior al presupuesto.

Así, la paralización de las ofertas de empleo público ha cortado la entrada de nuevos mutualistas, lo que conlleva el envejecimiento del colectivo y el consiguiente encarecimiento de la atención sanitaria. Además, los disparatados y diferentes precios de los servicios prestados por las administraciones públicas a las aseguradoras, evidencian la falta de sentido de Estado en nuestro país y la carencia de un mercado único.

Todo esto ha provocado que se tenga que realizar un uso elevado del remanente de tesorería (los ahorros de la mutualidad), hasta un 43 por ciento (en torno al 227 millones de euros). De seguir al mismo ritmo, CSI-F advierte de que el próximo año se podría dilapidar este ahorro.

Para Moreno, secretario de Acción Sindical de CSI-F, es urgente reflexionar sobre las causas de esta situación y las posibles alternativas para evitar el colapso del mutualismo administrativo, lo que “tendría funestas consecuencias para el modelo, los funcionarios y el Sistema Nacional de Salud”.

15 jun 2012




La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha enviado a los subsecretarios de cada Ministerio un borrador de resolución que amplía en media hora diaria la obligada presencia de los funcionarios en su puesto de trabajo y suprime días de vacaciones que se les conceden por antigüedad, entre otras medidas. Con las sugerencias de cada Ministerio sobre este borrador, el departamento que dirige Antonio Beteta elaborará una propuesta definitiva que someterá a negociación con los sindicatos, según matizaron anoche a ABC fuentes gubernamentales.

En el borrador, al que tuvo acceso Ep, se establece que el horario diario de lunes a viernes pasará a ser de 9.00 a 15.00 horas, no hasta las 14.30, como ahora. Eso sí, la jornada semanal se mantiene en 37,5 horas, que los empleados públicos pueden ahora completar en tres horarios: entre 7.30 a 9.00, de lunes a viernes; entre 14.30 y 18.00, de lunes a jueves; y entre 14.30 y 15.30 los viernes. La nueva normativa no establece franjas horarias sino que serán los calendarios laborales los que establecerán los límites horarios máximos y mínimos hasta alcanzar las 37,5 horas.

En cuanto a la jornada intensiva de verano (8.00 a 15.00 horas) entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, el borrador de nueva resolución directamente no la contempla. De hecho, en una carta a la que ha tenido acceso Ep, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta recuerda que la jornada semanal es de 37,5 horas (1.647 horas en cómputo anual) y que, si el calendario laboral del centro en cuestión hubiese previsto una jornada de verano, «ésta no podrá suponer un menoscabo» de la jornada anual, «debiendo recuperarse la reducción operada en el periodo estival para completar dicho cómputo».

Adiós a parte de vacaciones

Además se eliminarán los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del trabajador. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente. De aprobarse la nueva normativa, los empleados públicos de la Administración General del Estado estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, sin que puedan acumularse los días de vacaciones a los de asuntos particulares.
El borrador de normativa no ha gustado nada a los sindicatos. Desde CSIF, su presidente de la Administración Central, Francisco Camarillo, también ha expresado malestar por el hecho de que el Ministerio no haya abierto todavía la negociación con los sindicatos, tal y como determina el EBEP. Camarillo juzga «inadmisible» la filtración a los medios de comunicación del borrador antes de hablar con las centrales y teme que el Gobierno apruebe la resolución de manera unilateral, como ha sucedido con las últimas medidas sobre los empleados públicos.
 
Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. critica que el Gobierno pretenda aplicar «unilateralmente» jornadas y horarios incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Para el secretario general de la FSC-CCOO, Enrique Fossoul, el procedimiento de filtración a los medios que está siguiendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas «ahonda en el deterioro que el Gobierno está aplicando al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos».

30 may 2012

La reforma laboral apuntala el despido de empleados públicos


“¿Por qué tenemos que pagar los platos rotos de una fiesta a la que ni siquiera hemos estado invitados?". Esta es la pregunta expresada de forma doliente por el presidente de la Central Sindical de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, sindicato mayoritario del sector, tras constatar que la reforma laboral, a su paso por el Congreso, mantiene indeleble la disposición para despedir a  empleados públicos. Un colectivo de algo más de 700.000 empleados públicos y trabajadores laborales que prestan su servicio en la Administración General, en las comunidades autónomas y en los Ayuntamientos están afectados por la disposición adicional segunda de la reforma laboral que, a su vez, añade otra disposición en el Estatuto de los Trabajadores para que no exista barrera alguna para el despido de empleados públicos. La presión sindical, tanto de la CSIF como de UGT y CC OO continuará en el Senado, hacia donde ahora se dirige la ley, pero las esperanzas se desvanecen.

Se ha intentado en el Congreso a través de enmiendas presentadas por los grupos de la izquierda, pero cayeron en saco roto. Diferentes grupos parlamentarios han defendido sin éxito la supresión de esa disposición adicional en la ley que ha venido a trastocar la vida de los empleados públicos de la Administración. Primero fue la incredulidad; después, el escepticismo y, al final, el miedo. Nadie creía que la apertura de par en par de las puertas del despido que permite la reforma laboral afectara a la Administración, pero como señalan los sindicatos “nadie está a salvo”. Tanto Cándido Méndez, de UGT, como Ignacio Fernández- Toxo, de CC OO y Miguel Borra de la CSIF se han entrevistado con todos los grupos parlamentarios para pedir la supresión de esa disposición. También con el Grupo Popular. “Se estudiará”, les dijeron, pero no ha se movido ni una sola coma de esa disposición que permite el despido del personal laboral por las mismas razones que en la empresa privada. La Reforma Laboral ha regulado la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, ya sea colectivo o individual (despido objetivo) en el sector público.

Además de poder ser despedidos los trabajadores públicos tienen que pechar con la incomprensión de parte de la sociedad que les atribuye privilegios de los que carecen la mayoría de los trabajadores. “Se trata de personas que han entrado en la Administración en virtud de un concurso de méritos y de pruebas selectivas”, defiende Borra. Además, en este amplísimo colectivo de cientos de miles de personas al servicio de las distintas Administraciones, predominan las categorías a las que corresponden sueldos que raramente sobrepasen los 1.100 euros mensuales, recalcan los sindicatos.

A los responsables sindicales les gustaría tener interlocutores gubernamentales para explicarles que en la Administración hace falta modernización y racionalización, como factores que puedan ayudar a coadyuvar la crisis, pero no despidos. “El Gobierno del señor Zapatero no abordó el cambio en la Administración en sus dos últimos años y tampoco lo está haciendo el señor Rajoy; se ve un claro continuismo”, concluye el presidente de la CSIF. Pero los planes de las administraciones siguen adelante y su hilo conductor parte de la supresión de empresas públicas, lo que conlleva despidos de empleados públicos. Todas las autonomías han anunciado despidos de este sector; algunas tienen el plan avanzado como es la Comunidad Valenciana con una previsión de suprimir 3.500 puestos de su Administración. La Junta de Andalucía ha decidido en las últimas horas llamar a los sindicatos a negociar bajada de salarios para evitar despidos. Pero parece que será una excepción.

Otra vía para aligerar la nómina vendrá por los Ayuntamientos. Estos dejarán de prestar servicios que no les eran propios – competencias impropias – por falta de recursos por lo que tendrán que despedir a los empleados que los prestaban. “La gran pagana va a ser la Administración local”, prevé Miguel Borra. “Se va a prescindir del funcionario, del maestro interino, de la enfermera del dispensario, del médico municipal… pero seguro que se mantienen las televisiones locales y los polideportivos” se queja. “Nosotros no somos culpables de la crisis y con el despido de los empleados públicos ésta no se va a solucionar”, insiste el responsable de la central sindical mayoritaria entre los funcionarios. Aunque la tradición o la historia no es el argumento que más se utiliza para defender el puesto de trabajo de estos trabajadores sí es el colofón de las consideraciones de este dirigente sindical: “Se rompe un modelo de relaciones laborales de los empleados públicos en España de más de cien años”.

27 mar 2012

Hacienda convoca a sindicatos de las AA.PP para explicar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, tras la petición de CSI-F

El Ministerio de Hacienda ha convocado la Mesa de Negociación en las Administraciones Públicas (órgano interlocutor del Gobierno con los agentes sociales para negociar las condiciones de trabajo de los empleados públicos) para explicar a los sindicatos el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012. La reunión ha sido convocada para el próximo miércoles, 28 de marzo.

Esta petición se produce una semana después de que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), el sindicato más representativo de las Administraciones Públicas, reclamara la convocatoria urgente de la mesa, para que el Gobierno informe de primera mano a los sindicatos, representantes legítimos de los trabajadores, sobre las reformas que tiene previsto llevar a cabo en el Sector Público, ante las diferentes informaciones publicadas en medios de comunicación.

En una carta dirigida al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, CSI-F trasladó la "inquietud" que existe en los empleados públicos de toda España ante las diferentes declaraciones realizadas por responsables del Gobierno, muchas veces contradictorias, sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos, la gestión de las Administraciones, su viabilidad económica, la organización en la prestación de servicios e incluso la organización del propio Estado (fusión de ayuntamientos, etcétera).

CSI-F, reclamó la convocatoria de la Mesa, como viene siendo habitual a lo largo de los últimos años, para que los agentes sociales puedan analizar el Proyecto de Presupuestos Generales de Estado para el presente año. Este sindicato recuerda que este órgano no ha vuelto a reunirse desde el pasado mes de diciembre y entiende que "la gravedad y la profundidad de las medidas que el Gobierno tiene encima de la mesa exigen su convocatoria urgente".

Estas medidas, añade CSI-F, se unen a la reforma laboral, actualmente en trámite parlamentario, que en sus disposiciones adicionales segunda y tercera, modifica el marco de relaciones laborales, abriendo la posibilidad de plantear despidos en el personal laboral de las Administraciones Públicas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Como le ha hecho llegar a las diferentes fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario, CSI-F reitera al Gobierno su rechazo a la posibilidad de que se pueda despedir a empleados públicos que hayan obtenido su plaza por proceso selectivo regido por los criterios legales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

CSI-F ha reclamado a los grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Parlamentario Popular, que retiren esta disposición de la reforma laboral, durante su trámite parlamentario.

 "Entendemos que todas estas cuestiones afectan de manera directa sobre la organización del trabajo y las condiciones laborales de 2,7 millones de españoles y como sindicato más representativo en el sector, reclamamos conocer de primera mano los proyectos que el Gobierno pretende llevar a cabo y su hoja de ruta", añade. 

¡¡SEGUIMOS DEFENDIENDO LO PÚBLICO!!

30 dic 2011

CSI-F Rechaza Congelación Salarial 2012

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El R.D. de prórroga presupuestaria, vuelve a imponer nuevos recortes a los EE.PP

En la reunión de hoy de la Mesa General de Negociación de las AA.PP, se ha expuesto por parte del Gobierno un paquete de medidas, con recortes que afectan al conjunto de empleados públicos:

- Congelación salarial.

- Tasa de reposición 0%, salvo en los servicios básicos, que se admite una tasa de reposición del 10%. Consideran estos servicios básicos los de Educación, Sanidad, Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (incluidas las Policías Autonómicas) y los Cuerpos de la lucha contra el fraude fiscal.

- Estas medidas tienen carácter básico, es decir, de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas del Estado.

CSI•F, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, manifiesta que rechaza dichas medidas que suponen un nuevo ataque a las condiciones laborales de los Empleados Públicos.

Los Empleados Públicos llevamos sufriendo, desde hace varios años, una pérdida importantísima de poder adquisitivo, superior al 20%. Los recortes a nuestros salarios, son medidas fáciles, aparentes y mediáticas, pero que ya se ha podido comprobar no tienen repercusión significativa para salir de la crisis. Sirven para hacer creer a la sociedad que somos la causa de la crisis y que con nuestro sacrificio se solucionará.

Pedimos al Gobierno que cuantifique y reconozca la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años y que la haga pública, para que la Sociedad conozca la verdadera evolución de los salarios de los Empleados Públicos, y el castigo que la crisis nos está suponiendo a nosotros también.

Se quiere asociar déficit público con servicios públicos y empleados públicos. Hay que dejar claro al ciudadano cuál es la diferencia entre lo que son las Administraciones Públicas y los Empleados Públicos y lo que no lo son. Y qué presupuestos hay para Servicios Públicos en las Administraciones Públicas y qué presupuestos se gastan en otras ‘cosas’ que no son servicios públicos.

Desde CSI•F, siempre hemos defendido que tiene que haber el número necesario de Empleados Públicos, ni uno más ni uno menos, para prestar los Servicios Públicos que los ciudadanos demandan. Con una tasa de reposición cero, lo que se quiere transmitir al ciudadano es que se puede hacer lo mismo con menos trabajadores y eso no es cierto. No se podrá dar la calidad necesaria y demandada.

Volvemos a reclamar negociación de verdad. ¿Por qué a los empresarios y a los sindicatos de clase se les ha convocado para la reforma laboral y a los Empleados Públicos se nos niega el derecho a negociar y trabajar para modernizar, de verdad, las Administraciones Públicas?

Nos sentimos preocupados, con esta situación, en la que los nuevos responsables políticos que confunden firmeza y rigor con imposición, igual que hizo el anterior Gobierno.
Reclamamos para los Empleados Públicos la capacidad de negociación, que en el ámbito de la empresa privada ya han empezado con los sindicatos de clase, y que con actos como el de hoy se nos hurta. Consideramos que no ha habido negociación pues no debe considerarse así a la reunión de la Mesa General tenida hoy ya que el Gobierno se ha limitado a comunicarnos su decisión.

Tenemos, todos, que luchar por unos servicios públicos de calidad que empiezan por no deteriorar más las condiciones laborales de los servidores públicos.


LOS EMPLEADOS PÚBLICOS NO SOMOS CULPABLES
SEGUIMOS DEFENDIENDO LO PÚBLICO

Madrid, 30 de diciembre de 2011
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE CSI•F

7 dic 2011

CSIF pide al PP abrir "las vías de diálogo social"


Declaraciones del máximo responsable del CSIF, Miguel Borra, quien ha pedido al nuevo Gobierno popular que "se vuelvan a abrir las vías de diálogo social" ya que desde su sindicato lo que se busca "es salir de la crisis"

23 sept 2011

Valoración de CSI-F ante las declaraciones del Presidente de la CEOE

Ante las declaraciones realizadas por el Presidente de la CEOE, la CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS expresa su indignación ante una posición carente de fundamento, que demuestra un desconocimiento total de la realidad de la función pública en España y de la legislación vigente, que sólo busca situarnos de manera gratuita a los Empleados Públicos nuevamente en “el ojo del huracán” y que intenta degradar nuestro trabajo.

Los Empleados Públicos en España, hemos estado siempre al servicio del ciudadano, prestando unos servicios públicos de una calidad y excelencia reconocidas y valoradas por el ciudadano. Lamentablemente este respaldo a nuestra labor se ve de manera injustificada atacado una vez más por intereses espurios que sólo buscan su beneficio propio y que nos utilizan a los empleados públicos como cortinas de humo para desviar la atención de los ciudadanos de los auténticos problemas.

Estamos viendo en los últimos meses como las únicas soluciones que se proponen para paliar el déficit de las administraciones es el recorte de los servicios públicos sin atajar la sangría de los gastos superfluos e  innecesarios que suponen uno de los verdaderos problema de este país.

Hemos sufrido en los últimos tiempos recortes salariales, disminuciones de plantillas, etc….Llevamos años pidiendo que se trabaje en la modernización de las Administraciones Públicas, en la mejor  adecuación de las mismas a la realidad actual, en la dignificación del trabajo del empleado público, en definitiva en defensa de los servicios públicos.

Hemos reclamado que se respeten y apliquen las leyes y acuerdos de la función pública. El EBEP, que podría haber sido una herramienta fundamental para el desarrollo de la Administración  Pública, se encuentra relegado y sin una voluntad política de desarrollarlo.
CSI-F seguirá defendiendo el trabajo de los Empleados Públicos, la necesidad de unos servicios públicos de calidad, coherentes, bien dimensionados, en DEFENSA DE LO PÚBLICO.