La disposición
adicional segunda del Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral; supondría que el Estado,
las Comunidades Autónomas y la Administración Local pudieran despedir al
personal laboral, que accedió a su plaza tras la superación de una oposición, aduciendo causas técnicas,
organizativas y de la producción, igual que la empresa privada. Pero el
Servicio Público nada tiene que ver con la empresa privada, pues es
imprescindible garantizar la calidad e independencia del servicio que se presta
al ciudadano al margen de los criterios políticos que rijan en cada momento
como consecuencia del partido que ostente el poder.
Este es uno de los aspectos de la Reforma
que más preocupa a CSI·F debido a la inseguridad que se ha generado al personal
laboral y por tanto consideramos
imprescindible su corrección. Hay que encontrar una redacción alternativa
que deje claro que el acceso mediante proceso selectivo realizado bajo los
principios de igualdad, mérito, capacidad y de acuerdo con lo previsto en el
Estatuto Básico del Empleado Público, sea elemento diferenciador.
CSI·F desde el principio, ha dirigido sus
esfuerzos a conseguir la modificación de dicha disposición adicional. Para
ello, de manera ininterrumpida, ha realizado acciones encaminadas a la
consecución de este fin:
- Ha efectuado manifestaciones a diferentes
medios de comunicación, aclarando que en contra de la opinión generalizada de
la ciudadanía y de lo publicado en algunos medios, el personal laboral obtiene
la condición de empleado público tras la superación de un proceso selectivo
establecido en una Oferta de Empleo Público.
- Se ha reunido con los Grupos Parlamentarios
Popular y Socialista para poner de manifiesto la necesidad de proceder a la
modificación señalándoles que todavía hay margen para mejorar el texto y
advirtiéndoles que los empleados públicos seguirán con mucho interés la
votación que se produzca en el Senado.
- Ha mantenido contacto con Izquierda Unida y
con CIU planteando la necesidad de proceder a la reforma. Los empleados
públicos no son responsables del déficit público.
- Se ha propuesto una redacción alternativa
para garantizar la seguridad jurídica del personal laboral que ha ingresado en
la Administración de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad.
- Ha dirigido una carta a los Presidentes de
las Comunidades Autónomas para que intervengan y hagan ver a su grupo
parlamentario la necesidad de proceder al cambio de redacción.
- Ha dirigido una carta al Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas señalando la necesidad de proceder a la
modificación ya que la solución a los problemas de este país no pasa en ningún
caso por reducir mediante despidos una Administración con un tamaño bastante
homologable con los estándares europeos, sino por la modernización y adecuación
de los servicios.
Nuestra pretensión es agotar las vías de
negociación con los grupos parlamentarios haciéndoles ver que según como salga
la reforma laboral, a nuestra organización no le temblará el pulso a la hora de
tomar medidas para oponernos a lo que consideramos es un ataque frontal contra
los servicios públicos que reciben los ciudadanos y contra los empleados
públicos.
Queremos que los trabajadores tengan claro
que CSI·F va a echar el resto y va a multiplicar sus esfuerzos y sus acciones,
para que la disposición adicional segunda sea modificada en el Senado y el empleo del personal laboral quede
garantizado.
TENEMOS LA ESPERANZA DE QUE AL FINAL SE
IMPONGA LA LÓGICA Y LA RAZON
OS SEGUIREMOS INFORMANDO