CSI-F rechaza frontalmente la imposición del Gobierno y promoverá medidas de presión junto al resto de sindicatos de la Función Pública contra el decreto de recortes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, manifestó hoy su rechazo "frontal" a la imposición del Gobierno y promoverá junto al resto de organizaciones sindicales del sector medidas de presión conjuntas contra el decreto de recortes anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

CSI-F, junto al resto de sindicatos de la Función Pública, acordó levantarse esta tarde de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, "ante la imposición y la falta de voluntad de negociación" demostrada por el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

 CSI-F también hace extensiva su oferta de pacto de Estado al resto de organizaciones sindicales para modernizar la Administración, preservando el sistema de Servicios Públicos, nuestro modelo de Estado del Bienestar y la calidad en el empleo público.

CSI-F considera que el nuevo recorte en las condiciones laborales de los empleados públicos responde a las nuevas medidas restrictivas impuestas a España por la Unión Europea, como consecuencia del ajuste en el sistema bancario, una situación que –según CSIF-- no tiene nada que ver con el funcionamiento de nuestro sector público y el trabajo diario de cerca de 2,7 millones de empleados públicos de este país.

"Los empleados públicos tienen que saber que CSI-F va a seguir defendiendo sus intereses y sus derechos como lo hemos hecho a lo largo de los últimos años. No podemos consentir que la crisis se aproveche para desmantelar los servicios públicos".

Más Recortes a los Funcionarios

                                         NUEVAS MEDIDAS DE AJUSTE

¿IMPROVISACIÓN O PREMEDITACIÓN?

En el día de hoy, el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha anunciado en el Congreso de los Diputados las medidas de ajuste que se van a adoptar para contener el déficit. Estas medidas además de injustas se han demostrado ya claramente ineficaces pues las tomadas anteriormente en el mismo sentido, han sido totalmente inútiles.

 De nuevo, haciendo gala de su talante y voluntad negociadora, estos recortes se deciden sin MANTENER NINGÚN TIPO DE NEGOCIACIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES PESE A AFECTAR GRAVEMENTE A LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. EN ESTE CASO NI SIQUIERA NOS LO HAN COMUNICADO PUES LA "REUNIÓN INFORMATIVA" TENDRÁ LUGAR ESTA TARDE ¿ya para qué?

Entre otras, las medidas que más nos afectan son las siguientes:

   - Suspensión de la paga extra de Navidad a los empleados públicos. Esta medida supondrá, pese a las promesas anteriores, una nueva reducción de las retribuciones de los trabajadores de la Administración en torno a un 7%. Llueve sobre mojado.

    - Reducción del número de días de libre disposición. Pese a que estos se fijaron en su día para paliar en parte la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos debido a las insuficientes o inexistentes subidas salariales.

   - Se equipara las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de los trabajadores. ¿Equiparación? ¿a qué trabajadores? No olvidemos que hay un gran número de empresas que amplían las prestaciones de baja por enfermedad a sus trabajadores. Por lo visto los empleados públicos sólo se pueden equipar a aquellos cuyas condiciones laborales son más precarias.

   - Se facilita la movilidad de los empleados públicos. Aun no se ha concretado de qué forma se llevará a cabo esta medida ni a quien afectará pero visto lo visto nos esperamos lo peor.

    - Ajuste del número de liberados sindicales a lo estrictamente dispuesto en la ley. Es decir, que a los empleados públicos les afectan no sólo las durísimas medidas directas que sobre ellos se toman, además tienen que soportar las medidas generales como el resto de españoles. Suma y sigue.

   - Incremento del IVA en tres puntos, del 18% al 21%. El tipo reducido, del 8% al 10%. Se mantiene el tipo superreducido en el 4% para productos de primera necesidad.

    - Recorte del subsidio de desempleo a partir del sexto mes, del 60% al 50% sobre la base reguladora, aunque se mantiene durante dos años.

   - Eliminación de la deducción por vivienda para los nuevos compradores a partir de 2013. Suponemos que para colaborar a que el mercado inmobiliario remonte tras su brutal caída ¿no?.

   - Reducción del 30% en el número de concejales por tramos de población. - Recorte adicional de un 20% en las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales en los presupuestos de 2013.

   - Las cotizaciones sociales bajan un punto en 2013 y un punto adicional en 2014.

   - Supresión de un gran número de las bonificaciones a la contratación. Esta medida como cualquiera puede advertir, contribuirá sin ninguna duda a que el número de parados de esta país decrezca rápida y eficientemente ¿verdad?.

   - Recorte de 600 millones de euros en las partidas de gastos de los ministerios. Las partidas que hace diez días eran las apropiadas para una situación de crisis, una semana después ya no lo son. En este caso no se puede decir aquello de "larga vida a los presupuestos".

Estas medidas suponen una nueva vuelta de tuerca sobre los empleados públicos a los que se responsabiliza de una crisis que en ningún caso han provocado aplicándoles injustas medidas que restringen sus condiciones laborales. No olvidemos que detrás de cada trabajador de la Administración hay una familia, unas necesidades que cubrir con unos sueldos miserables antes ya de los recortes, unas obligaciones adquiridas a las que hacer frente, unas condiciones cada día más difíciles (sube el IRPF y el IVA) y ahora tristemente ni siquiera podremos pedirle a los Reyes Magos que palien un poco esta situación porque los pobres no van a cobrar la extra de Navidad de modo que le traerán a nuestros hijos una cuchara de madera y una tapadera de cacerola para que jueguen.

El Gobierno convoca mañana a sindicatos de funcionarios para anunciarles medidas

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha convocado mañana a los sindicatos de la Función Pública para explicarles las nuevas medidas que baraja el Gobierno para el colectivo de empleados públicos, entre las que se encuentra la ampliación de la jornada laboral y la posible eliminación de alguna paga extraordinaria.

   Según indicaron a Europa Press en fuentes de CSI-F, la reunión será a las 17.00 horas en la sede de la Dirección General de la Función Pública y estará presidida por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

   Esta misma mañana se ha procedido a constituir de manera formal la Mesa General de la Administración del Estado y en esta reunión, de corte técnico, ya se ha trasladado el malestar sindical por las nuevas medidas que el Gobierno quiere poner en marcha, según las mismas fuentes.

   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, avanzó ayer que el Gobierno estudia la posibilidad de ampliar la jornada laboral a los funcionarios para aproximar su régimen laboral al del sector privado.

   Montoro indicó que al país no le conviene la imagen de que con aprobar una oposición ya se "tiene todo hecho", ya que el examen debe ser la forma de acceder a un puesto de trabajo en el que hay que "cumplir todos los días".

   "Lo que haremos es asimilar el régimen laboral de la función publica al régimen existente en el sector privado, ése es el camino hacia donde vamos y lo que estamos considerando hacer", dijo.

   El ministro no quiso desvelar si el Gobierno se plantea también eliminar los 'moscosos', los días para asuntos propios de los que disponen los funcionarios, e insistió en que su idea es avanzar en el número de horas semanales que trabajan.

   Por otro lado, admitió que el Gobierno también está considerando la posibilidad de que los funcionarios sean sometidos a evaluaciones permanentes con "más peso" para que ver cuáles son productivos y para que la Función Pública vaya adquiriendo eficiencia en la prestación de servicios.

   Montoro no ha mencionado que el Gobierno esté planteándose eliminar alguna de las pagas extraordinarias de los empleados públicos, aunque hay medios que apuntan que la medida está sobre la mesa.

MALESTAR SINDICAL

   Durante los últimos días, no han parado de aparecer en prensa las diversas medidas que estudia el Ejecutivo para recortar gasto en el sector público, lo que ha provocado malestar en las centrales sindicales, que se quejaban de la falta de información y llamaban la atención sobre lo que consideran un nuevo ataque al colectivo de empleados públicos, que ya sufrió un recorte salarial en la anterior legislatura.

   El presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha criticado que el Gobierno  sitúe a los empleados públicos "en el punto de mira" cada vez que tiene que anunciar recortes

   Borra recordó que los grandes problemas del sector público, como la proliferación de empresas públicas, "no son culpa de los funcionarios, sino de los políticos", que han permitido y toleran, por ejemplo, que España tenga 170 embajadas en el extranjero, que haya televisiones autonómicas y locales con enormes déficit y que haya empresas públicas que gestionan estaciones de esquí y construcción de colegios, algo que puede hacer perfectamente la empresa privada.

   Desde CSI-F se ha vuelto a lanzar la oferta de alcanzar un gran pacto para luchar contra la crisis porque, según Borra, la situación es "tan dramática" que ha superado lo que puede hacer un partido o un Gobierno. "Se necesita el acuerdo de todos", ha precisado.

   CC.OO. también respondió ayer a las intenciones del Gobierno de alterar las condiciones laborales de los empleados públicos. La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de este sindicato calificó de "intolerable" que el Gobierno pretenda hacer caja a costa de los empleados públicos.

   CC.OO. avisó de que la supresión de una paga extra a todos los empleados públicos "sería un atentando sin precedentes" sobre el colectivo, "que ha necesitado años de lucha y negociaciones para conseguir equiparar sus pagas extra a sus salarios y que sufriría así un nuevo recorte de su poder adquisitivo".

 

CSI-F ofrece un pacto de Estado para modernizar la Administración y preservar el sistema de Servicios Públicos

El sindicato lanza un Observatorio para combatir los despidos de empleados públicos en todo el Estado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en las AA.PP, ofreció hoy un Pacto de Estado al Gobierno y el resto de administraciones, fuerzas políticas y organizaciones sindicales, para modernizar la Administración, preservando el sistema de Servicios Públicos, nuestro modelo de Estado del Bienestar y la calidad en el empleo público.

Ante la actual situación económica que atraviesa España, unida a la preocupante sensación de inseguridad sobre el futuro y viabilidad de los servicios públicos, y la campaña de descrédito a la que ha sido sometido en los últimos años el colectivo de Empleados Públicos, CSI-F, en el ejercicio de su responsabilidad, ha decidido dar un paso al frente como miembro activo de la sociedad civil y ofrecer un pacto de estado.

CSI-F ha redactado un documento base para la negociación, con una hoja de ruta para aumentar la calidad de los servicios públicos, profesionalizar y modernizar las Administraciones, dotándolas de una mayor eficacia y eficiencia, así como potenciar la motivación e imagen social de los empleados públicos.

Decálogo para el Pacto de Estado

1. CSI-F emplaza a los poderes públicos a abrir los foros de negociación y recuperar el diálogo social como elemento fundamental para conseguir un Pacto de Estado para las Administraciones Públicas.

2. Desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y las Leyes de Función Pública de la AGE y de las CC.AA. para vertebrar el Estado, homologar y coordinar los servicios que se prestan en todos los niveles administrativos y evitar duplicidades.

3. Realizar un diagnóstico sobre la estructura administrativa en el conjunto del Estado, evaluando las necesidades, los recursos humanos y elaborar criterios generales para los diferentes sectores.

4. Racionalizar el empleo público y mantener una tasa de reposición que garantice la calidad de los servicios públicos.

5. Consolidación del empleo y reducción de la temporalidad.

6. Delimitar el campo de actuación de los servicios que prestan las administraciones públicas a través de empleados públicos, frente a otro tipo de servicios que prestan empresas públicas.

7. Desarrollo de la evaluación del desempeño (productividad) de los empleados públicos.

8. Avanzar en la configuración de la carrera y promoción profesional.

9. Dotar a las administraciones de instrumentos legales necesarios para que avancen en la prestación de unos servicios más ágiles, más eficaces, más transparentes y responsables.

10. Garantizar el mantenimiento de la calidad en los servicios públicos y los principios sobre los que se sustenta el Estado del Bienestar.

Observatorio para combatir los despidos de empleados públicos

Por otra parte, el Consejo Sindical de CSI-F anunció la creación de un Observatorio para el seguimiento del desarrollo de la reforma laboral y combatir de manera más eficaz los despidos de empleados públicos que se produzcan en todo el Estado.

Coincidiendo con la aprobación definitiva de la reforma laboral, el próximo jueves en el Congreso de los Diputados, CSI-F ha creado esta herramienta sindical con la que acudirá a todos las administraciones donde se produzca un ERE para defender los intereses de los trabajadores.

El plan de actuación contemplará las tradicionales vías de presión (paros, movilizaciones, etc), actuaciones en el ámbito jurídico, así como el desarrollo de auditorías públicas, para ofrecer medidas alternativas al despido de trabajadores.

Por ejemplo, se analizarán el número de asesores (puestos de libre designación), altos cargos, contratos de asistencias técnicas, encomiendas de gestión, seguimiento de la ejecución de las obras y contratos públicos, empresas públicas del ámbito afectado, composición de consejos de administración, entre otros.

CSI-F Contra el despìdo de personal laboral en el sector público que posibilita la reforma laboral

La disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral; supondría que el Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local pudieran despedir al personal laboral, que accedió a su plaza tras la superación de una oposición, aduciendo causas técnicas, organizativas y de la producción, igual que la empresa privada. Pero el Servicio Público nada tiene que ver con la empresa privada, pues es imprescindible garantizar la calidad e independencia del servicio que se presta al ciudadano al margen de los criterios políticos que rijan en cada momento como consecuencia del partido que ostente el poder.

Este es uno de los aspectos de la Reforma que más preocupa a CSI·F debido a la inseguridad que se ha generado al personal laboral y por tanto consideramos imprescindible su corrección. Hay que encontrar una redacción alternativa que deje claro que el acceso mediante proceso selectivo realizado bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, sea elemento diferenciador.

CSI·F desde el principio, ha dirigido sus esfuerzos a conseguir la modificación de dicha disposición adicional. Para ello, de manera ininterrumpida, ha realizado acciones encaminadas a la consecución de este fin:

     - Ha efectuado manifestaciones a diferentes medios de comunicación, aclarando que en contra de la opinión generalizada de la ciudadanía y de lo publicado en algunos medios, el personal laboral obtiene la condición de empleado público tras la superación de un proceso selectivo establecido en una Oferta de Empleo Público.

     - Se ha reunido con los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista para poner de manifiesto la necesidad de proceder a la modificación señalándoles que todavía hay margen para mejorar el texto y advirtiéndoles que los empleados públicos seguirán con mucho interés la votación que se produzca en el Senado.

     - Ha mantenido contacto con Izquierda Unida y con CIU planteando la necesidad de proceder a la reforma. Los empleados públicos no son responsables del déficit público.

     - Se ha propuesto una redacción alternativa para garantizar la seguridad jurídica del personal laboral que ha ingresado en la Administración de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

     - Ha dirigido una carta a los Presidentes de las Comunidades Autónomas para que intervengan y hagan ver a su grupo parlamentario la necesidad de proceder al cambio de redacción.

     - Ha dirigido una carta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas señalando la necesidad de proceder a la modificación ya que la solución a los problemas de este país no pasa en ningún caso por reducir mediante despidos una Administración con un tamaño bastante homologable con los estándares europeos, sino por la modernización y adecuación de los servicios.

Nuestra pretensión es agotar las vías de negociación con los grupos parlamentarios haciéndoles ver que según como salga la reforma laboral, a nuestra organización no le temblará el pulso a la hora de tomar medidas para oponernos a lo que consideramos es un ataque frontal contra los servicios públicos que reciben los ciudadanos y contra los empleados públicos.

Queremos que los trabajadores tengan claro que CSI·F va a echar el resto y va a multiplicar sus esfuerzos y sus acciones, para que la disposición adicional segunda sea modificada en el Senado y el empleo del personal laboral quede garantizado.

TENEMOS LA ESPERANZA DE QUE AL FINAL SE IMPONGA LA LÓGICA Y LA RAZON

OS SEGUIREMOS INFORMANDO

Noticia del diario ABC

 El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta

La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha enviado a los subsecretarios de cada Ministerio un borrador de resolución que amplía en media hora diaria la obligada presencia de los funcionarios en su puesto de trabajo y suprime días de vacaciones que se les conceden por antigüedad, entre otras medidas. Con las sugerencias de cada Ministerio sobre este borrador, el departamento que dirige Antonio Beteta elaborará una propuesta definitiva que someterá a negociación con los sindicatos, según matizaron anoche a ABC fuentes gubernamentales.

En el borrador, al que tuvo acceso Ep, se establece que el horario diario de lunes a viernes pasará a ser de 9.00 a 15.00 horas, no hasta las 14.30, como ahora. Eso sí, la jornada semanal se mantiene en 37,5 horas, que los empleados públicos pueden ahora completar en tres horarios: entre 7.30 a 9.00, de lunes a viernes; entre 14.30 y 18.00, de lunes a jueves; y entre 14.30 y 15.30 los viernes. La nueva normativa no establece franjas horarias sino que serán los calendarios laborales los que establecerán los límites horarios máximos y mínimos hasta alcanzar las 37,5 horas.

En cuanto a la jornada intensiva de verano (8.00 a 15.00 horas) entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, el borrador de nueva resolución directamente no la contempla. De hecho, en una carta a la que ha tenido acceso Ep, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta recuerda que la jornada semanal es de 37,5 horas (1.647 horas en cómputo anual) y que, si el calendario laboral del centro en cuestión hubiese previsto una jornada de verano, «ésta no podrá suponer un menoscabo» de la jornada anual, «debiendo recuperarse la reducción operada en el periodo estival para completar dicho cómputo».

Adiós a parte de vacaciones

Además se eliminarán los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del trabajador. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente. De aprobarse la nueva normativa, los empleados públicos de la Administración General del Estado estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, sin que puedan acumularse los días de vacaciones a los de asuntos particulares.

Los empleados públicos estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones

El borrador de normativa no ha gustado nada a los sindicatos. Desde CSIF, su presidente de la Administración Central, Francisco Camarillo, también ha expresado malestar por el hecho de que el Ministerio no haya abierto todavía la negociación con los sindicatos, tal y como determina el EBEP. Camarillo juzga «inadmisible» la filtración a los medios de comunicación del borrador antes de hablar con las centrales y teme que el Gobierno apruebe la resolución de manera unilateral, como ha sucedido con las últimas medidas sobre los empleados públicos.

 

Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. critica que el Gobierno pretenda aplicar «unilateralmente» jornadas y horarios incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Para el secretario general de la FSC-CCOO, Enrique Fossoul, el procedimiento de filtración a los medios que está siguiendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas «ahonda en el deterioro que el Gobierno está aplicando al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos».

CSI-F considera insuficiente la redacción de la reforma laboral porque mantiene los despidos de empleados públicos

La Comisión de Empleo en el Senado ultima este martes la reforma laboral

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en el ámbito de las Administraciones Públicas, considera que la enmienda presentada por el Grupo Popular en el Senado a la reforma laboral en el sector público es “insuficiente”, porque mantiene abierta la posibilidad de plantear EREs.

Las negociaciones del sindicato durante los últimos meses han llevado al PP a variar su posición inicial, si bien, la última redacción planteada en la Disposición Adicional Segunda de la Reforma Laboral no satisface las expectativas del sindicato, porque únicamente “establece una gradación en el despido”.

Según la enmienda del PP, que se debatirá en el día de hoy en la Comisión de Empleo del Senado, “tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso”.

CSI-F seguirá reivindicando que no se pueda despedir al Empleado Público, e insta al PP a que rectifique este martes"in extremis‟ esta posibilidad. Si el PP tiene voluntad política, tiene capacidad material para modificar esta cuestión. CSI-F insiste en que la reforma“abre la puerta al despido de cerca de 700.000 persona en el conjunto de las AA.PP”.

Estas personas han obtenido su plaza mediante un proceso selectivo, bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que marca la Constitución y que garantizan la calidad e independencia de los servicios públicos. Por tanto, cree que no es razonable modificar ahora las reglas del juego y permitir que puedan ser despedidos.

Además, el sindicato no está dispuesto a que se, confunda a los ciudadanos, responsabilizando de los problemas del país a los empleados públicos y a los servicios públicos, como la sanidad o la educación. Así, no admite que se les utilice como moneda de cambio de las políticas que marca Bruselas para reducir el déficit y recuperar la confianza de los mercados. “Se está jugando con 700.000 familias, que en estos momentos tienen una intranquilidad total y absoluta.

Además los “mercados” no han sido receptivos a las medidas contra la Función Pública que se han ido adoptando por los diferentes Gobiernos Nacionales, porque tienen claro que los Servicios Públicos y los Empleados Públicos no son el problema de España. Sin embargo, estamos convencido que sí que van a responder al rescate del sistema financiero, porque este sí que es uno de los problemas del desequilibrio de las cuentas en nuestro País.