CSI-F reclama su devolución urgente, tras una condena al Ministerio del Interior
La sentencia también sería extensible al conjunto de Policías, Guardias Civiles y Funcionarios de Prisiones
El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a devolver a un funcionario de prisiones, afiliado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la parte proporcional de la paga extra y del complemento específico, devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor el Decreto de recortes del Gobierno.
Se trata de la primera condena en firme a la Administración General del Estado por la retirada de la paga extra, y por lo tanto atañe directamente a la gestión del Gobierno Central. Hasta el momento los pronunciamientos judiciales solo se habían producido a nivel autonómico y local.
La sentencia no deja lugar a dudas y censura “la aplicación retroactiva del Real Decreto porque contravendría los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima”. Además, el juez no ve necesario llevar el asunto al Tribunal Constitucional, tal y como planteaba el abogado del Estado, algo que considera “superfluo tanto en términos lógicos como de economía procesal”.
Esta sentencia (fruto el trabajo del Gabinete Jurídico de CSI-F) supone el colofón de una cadena de pronunciamientos judiciales a lo largo y ancho del Estado y tiene una gran relevancia desde el punto de vista jurídico. De entrada, los criterios de la sentencia serían aplicables al conjunto de funcionarios de Interior, es decir, Policías, Guardias Civiles, Funcionarios de Prisiones y administrativos, entre otros. Y desde luego, al resto de los funcionarios de la Administración General del Estado.
CSI-F, sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, considera que el Gobierno ya no tiene ninguna excusa para devolver la paga extra, por lo que ha reclamado una convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas, para generalizar esta devolución al conjunto de los empleados públicos de España.
No tiene sentido que lo que reconocen los juzgados a título particular e incluso para el grueso de los trabajadores de una comunidad autónoma, no sea reconocido para el conjunto de los empleados públicos, puesto que todos parten de la misma situación. El Ministerio de Hacienda debe devolver cuanto antes esta retribución porque de lo contrario se estará produciendo una situación discriminatoria.
De hecho, el Gobierno de Canarias y las comunidades autónomas de Castilla y León, y Extremadura ya han anunciado oficialmente que devolverán la parte proporcional de la extra devengada.
El Gobierno nunca debió suprimir la paga extra y no debe perder más tiempo en sentarse a negociar con los sindicatos para determinar los cauces para su devolución, porque cada día que pasa crece el agravio hacia un colectivo injustamente maltratado desde el comienzo de la crisis.