Comisión de Acción Social

Con fecha 25 de abril, se reúne la Comisión de Acción Social.

La Administración, pone de manifiesto que la cuantía económica para Acción Social, y por lo tanto para las Ayudas Sociales, se ve minorada en un 50%. Esta situación, está planteada por las medidas de austeridad y recortes tomadas y acordadas por el Gobierno de la nación.

La Administración indica que deben reducirse en un 50% jtodos los apartados, así como las cantidades a conceder como máximo por ayuda. Se nos entrega copia de la partida presupuestada que asciende a 1.158.825 euros.

La parte social, muestra su total rechazo a la petición de la Administración. Se le plantea que, aún cuando la partida total asignada a cada Área debe minorarse en un 50%; no así el tope máximo a conceder por ayuda.

Las cantidades máximas que deben corresponder por ayuda, así como el baremo a establecer por ingresos, se aplicarán una vez conocido el número de solicitudes presentadas por ayuda.

La Administración reiterá que deben reducirse todas las cantidades un 50%.

CSI*F manifiesta que, dado el interés compulsivo que tiene el Gobierno de la nación en recortar, especialmente en las partidas concernientes a ATENCIÓN SANITARIA y EDUCACIÓN; manifestamos que estas ayudas son las que deben primar en la prestación a los empleados públicos del Ministerio de Fomento.

la Administrazción afirma y manifiesta que sacará las Bases de Ayudas Sociales, según su criterio.

No alcanzándose ningún acuerdo, se levanta la sesión.

Subcomisión Delegada de la C.I.V.E.A.

Con el siguiente orden del dia se inicia la subcomisión nº 63:

1. Aprobación del Acta de la Subcomisión Nº 62 de 16 de Febrero de 2012.

Es aprobada y firmada

2. Información por parte de la Dirección General de Carreteras sobre el escrito realizado por un trabajador en la Demarcación de Carreteras de Sevilla.

La Administración comenta que es de materia reservada de la Inspección General de Servicios y que se está haciendo el estudio pertinente para una inmediata adopción de medidas.

3. Peticion de adscripciones temporales de.

Desde la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias a la Dirección General de Carreteras en Madrid.

Desde la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA), a la Dirección General de Marina Mercante.

Desde la Demarcacion de Carreteras en A Coruña a la Unidad de Carreteras en Cadiz.

Desde la Demarcación de Carreteras de La Rioja a la demarcación de Carreteras en Asturias.

Tres trabajadores desde la Oficialia Mayor a otro puesto vacante en la misma Oficialia.

CSI*F junto con la parte social y la Administración dan su aprobación siempre y cuando los trabajadores estén de acuerdo.

4. Solicitud de un trabajador de la Demarcación de Carreteras de Extremadura que pide cambio de grupo profesional.

La Administración indica que únicamente seria posible por la vía judicial.

5. Productividad del Personal Laboral.

En el punto sobre la productividad de personal laboral, la Administración nos informa que aún no tiene todos los datos para realizar una actuación, que próximamente habrá una reunión de Subcomisión Delegada para tratar este tema.

6. Ruegos y preguntas.

La Administración nos comenta que se podrá ejecutar el programa de formación que había previsto y que comenzarán las clases a la mayor brevedad posible.

SEGUIREMOS INFORMANDO

CSIF Presenta Conflicto Colectivo

CSIF presenta conflicto colectivo por incumplimiento del art. 28 y 30 del III Convenio Único para el personal laboral de la AGE, al no convocar, la Administración, proceso de promoción interna en el año 2011.

El pleno de la CIVEA en su reunión del día 28 julio de 2011 aprobó con el voto favorable de CSIF y de la mayoría de la parte social, excepto UGT, y con el voto favorable de la Administración, Acuerdo sobre promoción interna para el año 2011, en el que la Administración se comprometía a convocar 150 plazas de los distintos grupos profesionales para su cobertura mediante promoción interna en el año 2011.

El pasado día 16 de marzo CSIF presentó ante la CIVEA Conflicto Colectivo por incumplimiento del acuerdo anteriormente citado y de los art. 28 y 30 del III C.U.

 Una vez más, CSIF, se ve obligado a presentar el enésimo Conflicto Colectivo por incumplimiento del Convenio y de los acuerdos alcanzados en la CIVEA (traslados 2011, promoción interna y turno libre correspondiente a la OEP 2008-2010, no convocatoria de CIVEA y un largo etcétera), mientras que los demás Sindicatos se mantienen a la espera de que CSIF tome siempre la iniciativa ante los reiterados incumplimientos de la Administración, sin hacer nada al respecto.

Como siempre, CSIF por la defensa de lo público y del empleado público.

¡SEGUIREMOS INFORMANDO!

Informe sobre la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas

Ayer 28 de marzo de 2012, ha sido convocada por la Administración la MGNAAPP, para informar del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.2 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por parte de la Administración ha presidido la Directora General de Función Pública, asistiendo también el Director General de Costes y retribuciones, representantes de todas las Comunidades Autónomas y de la FEMP

Por la parte sindical CSI.F, CCOO, UGT, CIGA y ELA-STV

Los representantes de la Administración General del Estado han informado, que los aspectos competencia de esta mesa que van en los Presupuestos Generales del Estado son los tres puntos siguientes:

       1. Retribuciones Empleados Públicos: se mantiene la congelación salarial establecida

en el R.D. de prorroga de presupuestos para el ejercicio 2012.

       2. Oferta Pública de Empleo: se mantiene en los mismos términos establecidos en el R.D. de prorroga de presupuestos para el ejercicio 2012, extendiéndose la tasa de reposición del 10%, además de a los sectores ya contemplados en esta prórroga (sanidad, educación, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, fuerzas armadas, policías autonómicas y cuerpos de lucha contra el fraude fiscal y laboral) al ámbito de policía local y servicios de prevención y extinción de incendios.

       3. Jornada laboral: se establece con rango de normativa básica, la jornada general de trabajo en el sector público, marcando que la jornada no podrá ser inferior a 37,5 horas semanales, suspendiéndose todos los acuerdos y convenios que establezcan otras condiciones. Esta medida es de carácter temporal y no supone la modificación del EBEP, en este punto, sino su suspensión (apreciación de la Administración)

Postura que ha mantenido CSI-F:

Hemos mostrado nuestro desacuerdo a las medidas por los siguientes motivos:

       1. Los empleados públicos hemos perdido, en los últimos 4 ejercicios en torno a un 20% de poder adquisitivo, una nueva congelación incide en esta pérdida.

Hemos pedido a la Administración que cuantifique la perdida de poder adquisitivo de estos últimos años, para que la sociedad sea consciente de la repercusión de la crisis en los Empleados Públicos.

Igualmente hemos solicitado que en un tiempo negociado y razonable se trabaje para recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años.

       2. La suspensión de la OPEs y la tasa de reposición en los servicios básicos, es un ataque a la calidad de los servicios públicos que demandan y se merecen nuestros ciudadanos. Y va a generar problemas muy serios en sectores tan importantes como educación, sanidad, servicios sociales, justicia, seguridad pública, etctera.

       3. El incremento de la jornada laboral, es un nuevo recorte de derechos que encubre una disminución salarial y que creemos que puede entrar en conflicto con competencias autonómicas.

Hemos manifestado nuestro total desacuerdo, en que se siga con la dinámica del anterior gobierno, de obviar la negociación, convirtiendo la MGNAAPP, en un foro meramente informativo. No nos facilitan documentos previos, ni por tanto podemos presentar propuestas.

Hemos reivindicado el dialogo social y la negociación.

Hemos solicitado que se negocie un reglamento de funcionamiento de la mesa y que se levanten actas públicas.

Hacienda convoca a sindicatos de las AA.PP para explicar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, tras la petición de CSI-F

El Ministerio de Hacienda ha convocado la Mesa de Negociación en las Administraciones Públicas (órgano interlocutor del Gobierno con los agentes sociales para negociar las condiciones de trabajo de los empleados públicos) para explicar a los sindicatos el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012. La reunión ha sido convocada para el próximo miércoles, 28 de marzo.

Esta petición se produce una semana después de que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), el sindicato más representativo de las Administraciones Públicas, reclamara la convocatoria urgente de la mesa, para que el Gobierno informe de primera mano a los sindicatos, representantes legítimos de los trabajadores, sobre las reformas que tiene previsto llevar a cabo en el Sector Público, ante las diferentes informaciones publicadas en medios de comunicación.

En una carta dirigida al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, CSI-F trasladó la "inquietud" que existe en los empleados públicos de toda España ante las diferentes declaraciones realizadas por responsables del Gobierno, muchas veces contradictorias, sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos, la gestión de las Administraciones, su viabilidad económica, la organización en la prestación de servicios e incluso la organización del propio Estado (fusión de ayuntamientos, etcétera).

CSI-F, reclamó la convocatoria de la Mesa, como viene siendo habitual a lo largo de los últimos años, para que los agentes sociales puedan analizar el Proyecto de Presupuestos Generales de Estado para el presente año. Este sindicato recuerda que este órgano no ha vuelto a reunirse desde el pasado mes de diciembre y entiende que "la gravedad y la profundidad de las medidas que el Gobierno tiene encima de la mesa exigen su convocatoria urgente".

Estas medidas, añade CSI-F, se unen a la reforma laboral, actualmente en trámite parlamentario, que en sus disposiciones adicionales segunda y tercera, modifica el marco de relaciones laborales, abriendo la posibilidad de plantear despidos en el personal laboral de las Administraciones Públicas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Como le ha hecho llegar a las diferentes fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario, CSI-F reitera al Gobierno su rechazo a la posibilidad de que se pueda despedir a empleados públicos que hayan obtenido su plaza por proceso selectivo regido por los criterios legales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

CSI-F ha reclamado a los grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Parlamentario Popular, que retiren esta disposición de la reforma laboral, durante su trámite parlamentario.

 "Entendemos que todas estas cuestiones afectan de manera directa sobre la organización del trabajo y las condiciones laborales de 2,7 millones de españoles y como sindicato más representativo en el sector, reclamamos conocer de primera mano los proyectos que el Gobierno pretende llevar a cabo y su hoja de ruta", añade. 

¡¡SEGUIMOS DEFENDIENDO LO PÚBLICO!!

Posicionamiento de CSI-F ante la huelga general

CSI-F NO SECUNDA LA HUELGA GENERAL DEL DÍA 29 DE MARZO

Ante la convocatoria de huelga general convocada para el próximo día 29 de marzo por los

sindicatos de clase, CSI-F manifiesta:

A pesar de estar en contra de la reforma laboral por la pérdida de derechos que supone para los trabajadores, NO secundamos esta convocatoria de huelga por considerarla

inoportuna, al no haberse agotado las vías de negociación abiertas en su trámite

parlamentario.

CSI-F ya ha tenido reuniones la pasada semana con los grupos parlamentarios del PP, PSOE e Izquierda Unida, presentando sus propuestas con el fin de que se realicen las enmiendas necesarias en el texto durante el proceso de su trámite de aprobación por el Parlamento.

Además la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), como sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, advirtió ayer al Gobierno que no admitirá que la Reforma Laboral traspase la "línea roja" que supone realizar EREs en la Administración.

CSI-F defiende una redacción alternativa de la disposición adicional segunda del Real Decreto para dar seguridad jurídica al personal laboral y evitar despidos en aquellas personas que han accedido a su plaza "mediante un proceso selectivo realizado bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público".

Por tanto, CSI-F reclama al Gobierno la necesidad de trabajar, negociar con los agentes sociales, para conseguir la reforma y adecuación de las Administraciones Públicas a las necesidades actuales, evitando las duplicidades y las ineficiencias. CSI-F rechaza las medidas que supongan unilateralidad en la modificación de las condiciones laborales, hurtando la negociación de las mismas.

CSI-F, como sindicato más representativo, adoptará los acuerdos oportunos de movilización en defensa de los intereses laborales de los trabajadores sin dejarse influir por los calendarios políticos.

La aceptación de las propuestas que estamos presentando a los Grupos Políticos, así como la próxima ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 determinará la postura de CSI-F en las próximas fechas.

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS NO SOMOS RESPONSABLES DEL DESPILFARRO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

RESPUESTA DE CSI-F AL MINISTRO MONTORO

EL FUNCIONARIO, GARANTÍA DE UNA ADMINISTRACIÓN SUJETA A LA LEY.

Parece que nuestro ministro de AAPP, además de Hacienda, tiene un concepto muy pobre de los empleados públicos que representa políticamente. Ayer dijo que “los funcionarios tienen que ganarse su puesto como todos los españoles”.

Así nos lo ganamos, como todos los españoles, excepto los de la casta política y sus clientelistas favorecidos por sus derrochadoras actitudes amiguistas. Los empleados públicos con esfuerzo, pundonor, vocación, generosidad… hacen, cada día, el milagro, de que fundamentales servicios públicos funcionen, a pesar de la incapacidad y las prácticas poco ejemplares, hay sobrados ejemplos, de los responsables políticos.

¿Podría decir esto mirando a la cara a tantos trabajadores que cada día, abnegadamente, dan lo mejor de si mismos para que la ciudadanía tenga el mejor servicio posible?; piense, por ejemplo, que el 43% de este colectivo son profesores o sanitarios; ¿no le parece que se ganan el puesto cada día?, y lo mismo podríamos decir de otros colectivos.

Dice también nuestro Ministro que “hay que cambiar el concepto equivocado de la Función Pública en el sentido de creer que quién saca una oposición ya lo tiene todo hecho y un empleo seguro”.

El empleado público se gana el puesto día a día y está sometido a un Régimen Disciplinario, recogido en el Estatuto de la Función Pública, donde se contemplan sus derechos y deberes, que obliga y orienta su trabajo diario; no hace lo que quiere ni cree que lo tiene todo hecho.

El 40% de los empleados públicos no tiene plaza en propiedad y todos accedemos al empleo público por la puerta de una oposición, abierta a todos los ciudadanos, regida por los principios de mérito, capacidad e igualdad, mientras que sus cargos, asesores y “acogidos” no necesitan aprobar nada, ni siquiera tener una formación o cualificación adecuada. Hasta hemos tenido ministros y ministras pobremente formados.

Sólo es preciso que les designe el dedo político y, además, disfrutan de generosos sueldos, de vergonzosa comparación con los mileuristas de los empleados públicos, que arrastran una inaceptable y abusiva pérdida de poder adquisitivo. Hay registros que la cifran, por ejemplo, en el 42% entre los 1982 y 2007, o en el 35% entre los años 1992 y 2011. Es injusto que siempre se quiera hacer pagar a los mismos, a los trabajadores; que paguen los culpables por su desastrosa, cuando no prevaricadora, gestión, que son los que nos han llevado a esta crítica situación.

¿Qué pretende el ministro con este ataque a la estabilidad del empleo público? Quizá los que sobran son los que “meten la mano” que no son, precisamente, los trabajadores públicos; ahí están los ejemplos.

La estabilidad del empleado público es garantía de independencia, de neutralidad, de compromiso con una administración ética por y para el interés general; es garantía contra la corrupción y para la estabilidad del Estado de Derecho porque le corresponde velar para que la Administración funcione sometida a la Ley, evitando la arbitrariedad y el abuso de poder.

No queremos retroceder a aquel drama decimonónico de las cesantías que, en cada cambio de gobierno, expulsaba a los funcionarios de sus puestos para sustituirlos por otros afines, sin importar su preparación, como pasa con los actuales cargos a dedo, con evidente daño a ese Estado de Derecho que queremos tener, que nos hemos dado.

 La estabilidad fue un avance que se incorporó en el Estatuto de 1918 y que está dando buenos resultados; no caminemos, ministro, hacia posiciones afortunadamente superadas.

La incorporación de funcionariado a los más altos ámbitos de la Administración, reservando a los gobernantes la responsabilidad de dirigir políticamente, además de un sustancial ahorro en cargos, puestos, asesorías…, sería garantía de una Administración independiente, profesional, eficaz y moderna, funcionando ajustada siempre al imperio de La Ley.