Comisión Ejecutiva Nacional y su Comisión Permanente

El día 28 de Mayo, el Sector Nacional de Administración Central de CSI·F celebró su VI Congreso  Nacional en el que se eligió a la nueva Comisión Ejecutiva Nacional y su Comisión Permanente, que se encargará de regir y dirigir las directrices sindicales de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en el ámbito de la Administración General del Estado. 

Al Congreso asistieron un total de 86 compromisarios, afiliados todos del Sector de Administración Central, procedentes de todas las Comunidades Autónomas de la geografía española.  El resultado de la votación final fue de 82 votos a favor, (95.34%), un voto nulo y dos en blanco.

La candidatura presentada estaba avalada por el 58 % de los compromisarios, compuesta por cinco miembros y dos responsables de las áreas de Seguridad Social y Defensa. Encabeza la misma como máximo responsable del sector

D. FRANCISCO JAVIER CAMARILLO GOMEZ Empleado Público del Ministerio de Economía y Competitividad, que a partir de su elección definitiva se convierte en PRESIDENTE NACIONAL DEL SECTOR DE ADMINISTRACION CENTRAL. 
Junto con el presidente antedicho el equipo de colaboradores que forman la Comisión Ejecutiva Nacional los siguientes compañeros/as:

SAMUEL VEGA MORALEJO como responsable de mesas de negociación

MILAGROS DORRONZORO FÁBREGAS. Responsable de Personal Laboral en CIVEA.

IGNACIO CORDERO CASTILLO (Mº de Fomento) responsable de personal funcionario

ANGEL NUÑEZ ALVAREZ (Mº de Educación, Cultura y Deporte) responsable de prevención de riesgos laborales.

SEBASTIAN ALBA JAEN  (Chano).- (del I.N.S.S.) como coordinador y responsable del Área de Seguridad Social.

JOSE LUIS MARZAL MARTINEZ.- (Mº de Defensa) responsable de toda el área del Ministerio de Defensa.

Todos ellos con experiencia contrastada  y  amplio historial en el seno sindical de CSI-F y en particular dentro del Sector Central que gestiona las tareas de representación de todo el Personal y Empleados Públicos encuadrados en la Administración General del Estado.

Gracias a todos por vuestra confianza y participación.

La reforma laboral apuntala el despido de empleados públicos

“¿Por qué tenemos que pagar los platos rotos de una fiesta a la que ni siquiera hemos estado invitados?". Esta es la pregunta expresada de forma doliente por el presidente de la Central Sindical de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, sindicato mayoritario del sector, tras constatar que la reforma laboral, a su paso por el Congreso, mantiene indeleble la disposición para despedir a  empleados públicos. Un colectivo de algo más de 700.000 empleados públicos y trabajadores laborales que prestan su servicio en la Administración General, en las comunidades autónomas y en los Ayuntamientos están afectados por la disposición adicional segunda de la reforma laboral que, a su vez, añade otra disposición en el Estatuto de los Trabajadores para que no exista barrera alguna para el despido de empleados públicos. La presión sindical, tanto de la CSIF como de UGT y CC OO continuará en el Senado, hacia donde ahora se dirige la ley, pero las esperanzas se desvanecen.

Se ha intentado en el Congreso a través de enmiendas presentadas por los grupos de la izquierda, pero cayeron en saco roto. Diferentes grupos parlamentarios han defendido sin éxito la supresión de esa disposición adicional en la ley que ha venido a trastocar la vida de los empleados públicos de la Administración. Primero fue la incredulidad; después, el escepticismo y, al final, el miedo. Nadie creía que la apertura de par en par de las puertas del despido que permite la reforma laboral afectara a la Administración, pero como señalan los sindicatos “nadie está a salvo”. Tanto Cándido Méndez, de UGT, como Ignacio Fernández- Toxo, de CC OO y Miguel Borra de la CSIF se han entrevistado con todos los grupos parlamentarios para pedir la supresión de esa disposición. También con el Grupo Popular. “Se estudiará”, les dijeron, pero no ha se movido ni una sola coma de esa disposición que permite el despido del personal laboral por las mismas razones que en la empresa privada. La Reforma Laboral ha regulado la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, ya sea colectivo o individual (despido objetivo) en el sector público.

Además de poder ser despedidos los trabajadores públicos tienen que pechar con la incomprensión de parte de la sociedad que les atribuye privilegios de los que carecen la mayoría de los trabajadores. “Se trata de personas que han entrado en la Administración en virtud de un concurso de méritos y de pruebas selectivas”, defiende Borra. Además, en este amplísimo colectivo de cientos de miles de personas al servicio de las distintas Administraciones, predominan las categorías a las que corresponden sueldos que raramente sobrepasen los 1.100 euros mensuales, recalcan los sindicatos.

A los responsables sindicales les gustaría tener interlocutores gubernamentales para explicarles que en la Administración hace falta modernización y racionalización, como factores que puedan ayudar a coadyuvar la crisis, pero no despidos. “El Gobierno del señor Zapatero no abordó el cambio en la Administración en sus dos últimos años y tampoco lo está haciendo el señor Rajoy; se ve un claro continuismo”, concluye el presidente de la CSIF. Pero los planes de las administraciones siguen adelante y su hilo conductor parte de la supresión de empresas públicas, lo que conlleva despidos de empleados públicos. Todas las autonomías han anunciado despidos de este sector; algunas tienen el plan avanzado como es la Comunidad Valenciana con una previsión de suprimir 3.500 puestos de su Administración. La Junta de Andalucía ha decidido en las últimas horas llamar a los sindicatos a negociar bajada de salarios para evitar despidos. Pero parece que será una excepción.

Otra vía para aligerar la nómina vendrá por los Ayuntamientos. Estos dejarán de prestar servicios que no les eran propios – competencias impropias – por falta de recursos por lo que tendrán que despedir a los empleados que los prestaban. “La gran pagana va a ser la Administración local”, prevé Miguel Borra. “Se va a prescindir del funcionario, del maestro interino, de la enfermera del dispensario, del médico municipal… pero seguro que se mantienen las televisiones locales y los polideportivos” se queja. “Nosotros no somos culpables de la crisis y con el despido de los empleados públicos ésta no se va a solucionar”, insiste el responsable de la central sindical mayoritaria entre los funcionarios. Aunque la tradición o la historia no es el argumento que más se utiliza para defender el puesto de trabajo de estos trabajadores sí es el colofón de las consideraciones de este dirigente sindical: “Se rompe un modelo de relaciones laborales de los empleados públicos en España de más de cien años”.

Comisión de Acción Social

Con fecha 25 de abril, se reúne la Comisión de Acción Social.

La Administración, pone de manifiesto que la cuantía económica para Acción Social, y por lo tanto para las Ayudas Sociales, se ve minorada en un 50%. Esta situación, está planteada por las medidas de austeridad y recortes tomadas y acordadas por el Gobierno de la nación.

La Administración indica que deben reducirse en un 50% jtodos los apartados, así como las cantidades a conceder como máximo por ayuda. Se nos entrega copia de la partida presupuestada que asciende a 1.158.825 euros.

La parte social, muestra su total rechazo a la petición de la Administración. Se le plantea que, aún cuando la partida total asignada a cada Área debe minorarse en un 50%; no así el tope máximo a conceder por ayuda.

Las cantidades máximas que deben corresponder por ayuda, así como el baremo a establecer por ingresos, se aplicarán una vez conocido el número de solicitudes presentadas por ayuda.

La Administración reiterá que deben reducirse todas las cantidades un 50%.

CSI*F manifiesta que, dado el interés compulsivo que tiene el Gobierno de la nación en recortar, especialmente en las partidas concernientes a ATENCIÓN SANITARIA y EDUCACIÓN; manifestamos que estas ayudas son las que deben primar en la prestación a los empleados públicos del Ministerio de Fomento.

la Administrazción afirma y manifiesta que sacará las Bases de Ayudas Sociales, según su criterio.

No alcanzándose ningún acuerdo, se levanta la sesión.

Subcomisión Delegada de la C.I.V.E.A.

Con el siguiente orden del dia se inicia la subcomisión nº 63:

1. Aprobación del Acta de la Subcomisión Nº 62 de 16 de Febrero de 2012.

Es aprobada y firmada

2. Información por parte de la Dirección General de Carreteras sobre el escrito realizado por un trabajador en la Demarcación de Carreteras de Sevilla.

La Administración comenta que es de materia reservada de la Inspección General de Servicios y que se está haciendo el estudio pertinente para una inmediata adopción de medidas.

3. Peticion de adscripciones temporales de.

Desde la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias a la Dirección General de Carreteras en Madrid.

Desde la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA), a la Dirección General de Marina Mercante.

Desde la Demarcacion de Carreteras en A Coruña a la Unidad de Carreteras en Cadiz.

Desde la Demarcación de Carreteras de La Rioja a la demarcación de Carreteras en Asturias.

Tres trabajadores desde la Oficialia Mayor a otro puesto vacante en la misma Oficialia.

CSI*F junto con la parte social y la Administración dan su aprobación siempre y cuando los trabajadores estén de acuerdo.

4. Solicitud de un trabajador de la Demarcación de Carreteras de Extremadura que pide cambio de grupo profesional.

La Administración indica que únicamente seria posible por la vía judicial.

5. Productividad del Personal Laboral.

En el punto sobre la productividad de personal laboral, la Administración nos informa que aún no tiene todos los datos para realizar una actuación, que próximamente habrá una reunión de Subcomisión Delegada para tratar este tema.

6. Ruegos y preguntas.

La Administración nos comenta que se podrá ejecutar el programa de formación que había previsto y que comenzarán las clases a la mayor brevedad posible.

SEGUIREMOS INFORMANDO

CSIF Presenta Conflicto Colectivo

CSIF presenta conflicto colectivo por incumplimiento del art. 28 y 30 del III Convenio Único para el personal laboral de la AGE, al no convocar, la Administración, proceso de promoción interna en el año 2011.

El pleno de la CIVEA en su reunión del día 28 julio de 2011 aprobó con el voto favorable de CSIF y de la mayoría de la parte social, excepto UGT, y con el voto favorable de la Administración, Acuerdo sobre promoción interna para el año 2011, en el que la Administración se comprometía a convocar 150 plazas de los distintos grupos profesionales para su cobertura mediante promoción interna en el año 2011.

El pasado día 16 de marzo CSIF presentó ante la CIVEA Conflicto Colectivo por incumplimiento del acuerdo anteriormente citado y de los art. 28 y 30 del III C.U.

 Una vez más, CSIF, se ve obligado a presentar el enésimo Conflicto Colectivo por incumplimiento del Convenio y de los acuerdos alcanzados en la CIVEA (traslados 2011, promoción interna y turno libre correspondiente a la OEP 2008-2010, no convocatoria de CIVEA y un largo etcétera), mientras que los demás Sindicatos se mantienen a la espera de que CSIF tome siempre la iniciativa ante los reiterados incumplimientos de la Administración, sin hacer nada al respecto.

Como siempre, CSIF por la defensa de lo público y del empleado público.

¡SEGUIREMOS INFORMANDO!

Informe sobre la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas

Ayer 28 de marzo de 2012, ha sido convocada por la Administración la MGNAAPP, para informar del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.2 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por parte de la Administración ha presidido la Directora General de Función Pública, asistiendo también el Director General de Costes y retribuciones, representantes de todas las Comunidades Autónomas y de la FEMP

Por la parte sindical CSI.F, CCOO, UGT, CIGA y ELA-STV

Los representantes de la Administración General del Estado han informado, que los aspectos competencia de esta mesa que van en los Presupuestos Generales del Estado son los tres puntos siguientes:

       1. Retribuciones Empleados Públicos: se mantiene la congelación salarial establecida

en el R.D. de prorroga de presupuestos para el ejercicio 2012.

       2. Oferta Pública de Empleo: se mantiene en los mismos términos establecidos en el R.D. de prorroga de presupuestos para el ejercicio 2012, extendiéndose la tasa de reposición del 10%, además de a los sectores ya contemplados en esta prórroga (sanidad, educación, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, fuerzas armadas, policías autonómicas y cuerpos de lucha contra el fraude fiscal y laboral) al ámbito de policía local y servicios de prevención y extinción de incendios.

       3. Jornada laboral: se establece con rango de normativa básica, la jornada general de trabajo en el sector público, marcando que la jornada no podrá ser inferior a 37,5 horas semanales, suspendiéndose todos los acuerdos y convenios que establezcan otras condiciones. Esta medida es de carácter temporal y no supone la modificación del EBEP, en este punto, sino su suspensión (apreciación de la Administración)

Postura que ha mantenido CSI-F:

Hemos mostrado nuestro desacuerdo a las medidas por los siguientes motivos:

       1. Los empleados públicos hemos perdido, en los últimos 4 ejercicios en torno a un 20% de poder adquisitivo, una nueva congelación incide en esta pérdida.

Hemos pedido a la Administración que cuantifique la perdida de poder adquisitivo de estos últimos años, para que la sociedad sea consciente de la repercusión de la crisis en los Empleados Públicos.

Igualmente hemos solicitado que en un tiempo negociado y razonable se trabaje para recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años.

       2. La suspensión de la OPEs y la tasa de reposición en los servicios básicos, es un ataque a la calidad de los servicios públicos que demandan y se merecen nuestros ciudadanos. Y va a generar problemas muy serios en sectores tan importantes como educación, sanidad, servicios sociales, justicia, seguridad pública, etctera.

       3. El incremento de la jornada laboral, es un nuevo recorte de derechos que encubre una disminución salarial y que creemos que puede entrar en conflicto con competencias autonómicas.

Hemos manifestado nuestro total desacuerdo, en que se siga con la dinámica del anterior gobierno, de obviar la negociación, convirtiendo la MGNAAPP, en un foro meramente informativo. No nos facilitan documentos previos, ni por tanto podemos presentar propuestas.

Hemos reivindicado el dialogo social y la negociación.

Hemos solicitado que se negocie un reglamento de funcionamiento de la mesa y que se levanten actas públicas.

Hacienda convoca a sindicatos de las AA.PP para explicar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, tras la petición de CSI-F

El Ministerio de Hacienda ha convocado la Mesa de Negociación en las Administraciones Públicas (órgano interlocutor del Gobierno con los agentes sociales para negociar las condiciones de trabajo de los empleados públicos) para explicar a los sindicatos el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012. La reunión ha sido convocada para el próximo miércoles, 28 de marzo.

Esta petición se produce una semana después de que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), el sindicato más representativo de las Administraciones Públicas, reclamara la convocatoria urgente de la mesa, para que el Gobierno informe de primera mano a los sindicatos, representantes legítimos de los trabajadores, sobre las reformas que tiene previsto llevar a cabo en el Sector Público, ante las diferentes informaciones publicadas en medios de comunicación.

En una carta dirigida al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, CSI-F trasladó la "inquietud" que existe en los empleados públicos de toda España ante las diferentes declaraciones realizadas por responsables del Gobierno, muchas veces contradictorias, sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos, la gestión de las Administraciones, su viabilidad económica, la organización en la prestación de servicios e incluso la organización del propio Estado (fusión de ayuntamientos, etcétera).

CSI-F, reclamó la convocatoria de la Mesa, como viene siendo habitual a lo largo de los últimos años, para que los agentes sociales puedan analizar el Proyecto de Presupuestos Generales de Estado para el presente año. Este sindicato recuerda que este órgano no ha vuelto a reunirse desde el pasado mes de diciembre y entiende que "la gravedad y la profundidad de las medidas que el Gobierno tiene encima de la mesa exigen su convocatoria urgente".

Estas medidas, añade CSI-F, se unen a la reforma laboral, actualmente en trámite parlamentario, que en sus disposiciones adicionales segunda y tercera, modifica el marco de relaciones laborales, abriendo la posibilidad de plantear despidos en el personal laboral de las Administraciones Públicas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Como le ha hecho llegar a las diferentes fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario, CSI-F reitera al Gobierno su rechazo a la posibilidad de que se pueda despedir a empleados públicos que hayan obtenido su plaza por proceso selectivo regido por los criterios legales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

CSI-F ha reclamado a los grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Parlamentario Popular, que retiren esta disposición de la reforma laboral, durante su trámite parlamentario.

 "Entendemos que todas estas cuestiones afectan de manera directa sobre la organización del trabajo y las condiciones laborales de 2,7 millones de españoles y como sindicato más representativo en el sector, reclamamos conocer de primera mano los proyectos que el Gobierno pretende llevar a cabo y su hoja de ruta", añade. 

¡¡SEGUIMOS DEFENDIENDO LO PÚBLICO!!